La Primera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó por unanimidad la acción de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Con esta resolución judicial, emitida el 7 de septiembre de 2026, los magistrados dejaron en firme la orden de aprehensión inmediata dispuesta en su contra por el Tribunal de Garantías Penales dentro del proceso por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Pruebas COVID-19.
El recurso constitucional había sido interpuesto el pasado 4 de septiembre por María Rosa Pulley, esposa del exmandatario de 74 años. La defensa técnica alegaba que una eventual privación de la libertad ponía en riesgo inminente la vida y la integridad física de Bucaram, quien fue sometido a una cirugía de reemplazo de un dispositivo cardíaco el pasado 25 de agosto y permanece internado en una clínica privada al norte de Guayaquil.
Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Gustavo Almeida, Manuel Torres y Nancy Vela determinó que la orden de detención no vulnera sus derechos fundamentales ni interrumpe el tratamiento médico que recibe. El dictamen judicial especifica que la medida de aprehensión no implica retirar al procesado de la casa de salud de forma abrupta, sino que se ejecutará formalmente una vez que reciba el alta médica por parte de sus médicos tratantes.
El estado de salud del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se encuentra bajo estricta observación médica y judicial. Documentos médicos incorporados formalmente al expediente de sus procesos judiciales advierten que el exmandatario padece complejas condiciones cardiovasculares que lo colocan en una probabilidad alta de sufrir anginas recurrentes, arritmias ventriculares complejas y muerte súbita.
A sus 74 años de edad, el historial clínico de Bucaram Ortiz registra un cuadro sumamente delicado. Entre sus patologías de base constan angioplastias coronarias previas, hipertensión arterial severa y arritmias crónicas. Debido a estas complicaciones de origen eléctrico y estructural en su corazón, el expresidente cuenta desde hace años con un marcapasos cardiodesfibrilador implantable, un dispositivo diseñado precisamente para mitigar eventos cardíacos letales.
Su condición se ha visto agravada recientemente por crisis agudas, incluyendo un internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir complicaciones respiratorias y un edema pulmonar. Durante sus últimas comparecencias suspendidas en el caso denominado «Pruebas COVID-19», su equipo técnico legal y de defensa médica reiteró ante el Tribunal de Garantías Penales que someter al exmandatario a situaciones de alto estrés o forzar su comparecencia, incluso mediante plataformas telemáticas, representa un riesgo directo e inminente para su salud cardiovascular.
Mientras sus defensores insisten en la vulnerabilidad de su vida, los tribunales mantienen el seguimiento de su evolución clínica mediante peritajes y custodia policial. Esto busca certificar de manera transparente si el riesgo de muerte súbita impide por completo la continuación inmediata de las diligencias judiciales correspondientes.
Seis audiencias fallidas
La orden de captura contra Bucaram Ortiz fue emitida originalmente el 3 de septiembre debido a que el exmandatario no compareció en seis ocasiones consecutivas a la audiencia de juicio donde debía escuchar la lectura de su sentencia. De acuerdo con el marco legal ecuatoriano, esta diligencia no puede concluir formalmente sin la comparecencia de los procesados, ya sea de forma física o telemática.
La Fiscalía General del Estado acusa a Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram y a otras dos personas de liderar una estructura delictiva que, entre marzo y agosto de 2020, comercializó ilegalmente unas 21.000 pruebas rápidas de detección de coronavirus aprovechando el estado de excepción por la emergencia sanitaria. El delito de delincuencia organizada conlleva penas que oscilan entre los 7 y 10 años de privación de libertad. (I)