Ecuador inició el proceso de deportación de cuatro ciudadanos venezolanos que trabajaban como repartidores a domicilio (delivery) en Guayaquil, luego de que se viralizara un polémico video en redes sociales. En dicha grabación, los extranjeros aparecieron burlándose de las reformas recientes de la Ley de Tránsito, aprobadas por la Asamblea Nacional. En el video original, los hombres afirmaban de forma desafiante que continuarían laborando sin pasaporte ni registros y que, de ser expulsados del país, simplemente regresarían.
Ante la indignación digital, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en el sector de la Atarazana, en el norte de Guayaquil, para localizarlos y verificar su estatus migratorio. Horas más tarde, el ministro del Interior, John Reimberg, difundió un video de los implicados siendo procesados por las autoridades de migración con la firme advertencia: «Nadie está por encima de la ley».
Los argumentos legales de la expulsión
Aunque el video viral encendió las alarmas, el Ministerio del Interior aclaró que los motivos jurídicos detrás de la medida responden estrictamente a la normativa de seguridad vigente y a la Ley de Movilidad Humana: [1, 2, 3]
- Riesgo para la seguridad pública: Las autoridades calificaron las acciones y declaraciones de los implicados como una amenaza o riesgo para el orden y la seguridad del Estado. [1]
- Irregularidades migratorias: Durante las verificaciones físicas, se descubrió que dos de ellos ingresaron a Ecuador por pasos clandestinos o no autorizados, mientras que un tercero permanecía de forma irregular en el país desde el año 2018.
Contexto de las nuevas regulaciones
Este suceso se da en el marco de la nueva reforma vial aprobada por el pleno legislativo, la cual busca regular de forma estricta los servicios de reparto en moto. La normativa estipula la creación de un Registro Nacional obligatorio de repartidores, además de exigir a los conductores extranjeros el cumplimiento riguroso de su estatus migratorio y la homologación de sus licencias de conducir.
Los ciudadanos implicados contaron con asistencia legal durante sus respectivas audiencias administrativas y actualmente permanecen en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Guayaquil bajo custodia, a la espera del vuelo de repatriación directo hacia Venezuela.