En un giro drástico para las dinámicas migratorias de la región, Ecuador ha comenzado a recibir vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos donde la gran mayoría de los pasajeros no son ciudadanos ecuatorianos, sino extranjeros de diversas nacionalidades. La medida se da en el marco de la ejecución del polémico acuerdo de «Tercer País Seguro» suscrito entre Washington y el gobierno de Daniel Noboa.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció oficialmente el traslado de ciudadanos extranjeros indocumentados con destino final en territorio ecuatoriano. Aunque los primeros reportes muestran imágenes de migrantes trasladados bajo estrictas medidas de control y en calidad de expulsados, las autoridades ecuatorianas han precisado previamente que el convenio está diseñado para acoger a solicitantes de asilo y refugio mientras las cortes estadounidenses resuelven sus estatus legales.
Un aeropuerto, múltiples nacionalidades
A diferencia de los habituales vuelos de repatriación forzosa que traen de vuelta a miles de migrantes locales, los recientes arribos destacan por la baja presencia de ecuatorianos. De acuerdo con informes preliminares de monitoreo migratorio, más de un centenar de personas de distintos países han sido trasladadas a Ecuador bajo este esquema.
El pacto estipula que el Estado ecuatoriano se compromete a no devolver a los migrantes a sus naciones de origen hasta que exista un dictamen definitivo sobre sus solicitudes de protección internacional. Asimismo, el protocolo excluye de forma estricta a menores de edad no acompañados y exige que los acogidos no registren antecedentes penales.
Presión sobre el sistema de acogida
La llegada de estos vuelos coincide con una agenda bilateral de alta tensión en materia de seguridad. El anuncio ocurre a las puertas de una reunión estratégica entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enfocada en la cooperación fronteriza y el combate al crimen organizado.
Organizaciones de derechos humanos y veedurías internacionales como el Third Country Deportation Watch han expresado su preocupación por la capacidad técnica y financiera de Ecuador para garantizar la estadía digna de estas poblaciones. Aunque las autoridades estiman un límite inicial de hasta 300 refugiados extranjeros por año, la presión operativa sobre los centros de movilidad humana locales ya genera intensos debates en el país. (I)