El secretario de la Administración Pública y Gabinete y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) , José Julio Neira, defendió firmemente la gestión del Ejecutivo frente a las acusaciones de presunto acoso institucional. El funcionario aseguró de manera categórica que el Gobierno no ataca a periodistas ni vulnera la libertad de expresión en el país.
Durante una entrevista concedida al programa informativo Primera Plana, Neira rechazó las denuncias de supuestas presiones del Ejecutivo hacia los medios de comunicación y comunicadores. Indicó que la administración del presidente Daniel Noboa es respetuosa del ejercicio periodístico y argumentó que criterios como la asignación de la pauta publicitaria oficial se manejan bajo estrictos parámetros técnicos y estudios de mercado, descartando cualquier tipo de condicionamiento político.
Bloqueo de fondos responde a investigaciones técnicas
Al ser cuestionado sobre las recientes quejas de actores políticos de oposición (quienes denunciaron el bloqueo de sus cuentas bancarias en pleno período previo a los comicios seccionales), Neira desestimó que se trate de una campaña de inhabilitación estratégica.
El secretario puntualizó las siguientes aclaraciones sobre las medidas de control financiero:
- Sin persecución política: El funcionario enfatizó que no se persigue a ningún candidato por sus ideales o postulación. [1, 2]
- Indagaciones por lavado de activos: El congelamiento de fondos responde a procesos técnicos y alertas levantadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ante sospechas de enriquecimiento ilícito o transacciones de origen desconocido.
- Estándar global: Según lo expuesto en reportes de Diario Expreso, Neira puntualizó que inmovilizar capitales bajo sospecha es una práctica internacional estándar para evitar que dineros de dudosa procedencia contaminen la escena pública.
«No existe persecución a personajes políticos, existen investigaciones de lavado de activos a personajes que utilizaron la política para encubrir sus fechorías», aseveró el funcionario. Finalmente, recordó que corresponde a los implicados demostrar la legalidad de su patrimonio ante la Fiscalía General del Estado, encargada de continuar con el desarrollo de estas causas penales. (I)