Vestida con el uniforme naranja reglamentario y conectada de forma telemática desde el Centro de Privación de Libertad de Mujeres de Riobamba, la excandidata presidencial y líder de la oposición, Luisa González, se declaró formalmente una «perseguida política». La declaración se produjo durante la audiencia para resolver la acción de hábeas corpus con la que busca revocar la prisión preventiva que pesa en su contra por el denominado «caso Laberinto».
Durante su intervención ante el tribunal, González rechazó los argumentos de la Fiscalía General del Estado que justifican su detención bajo un supuesto riesgo de fuga. “Como inocente que soy y perseguida política iba a dar la pelea junto a mi pueblo”, manifestó firmemente, argumentando que a pesar de haber sufrido el allanamiento de su vivienda a inicios de año y de recibir constantes amenazas, siempre regresó a Ecuador tras sus viajes al exterior y jamás gestionó asilo en ninguna delegación diplomática extranjera.
La exaspirante a la jefatura de Estado, capturada semanas atrás en la provincia de Manabí, cuestionó de forma estricta el debido proceso de la investigación judicial, asegurando que las autoridades buscan amedrentarla. «La verdad no se encarcela», sentenció desde el reclusorio en la provincia de Chimborazo.
Diligencia suspendida sin resolución inmediata
Pese a los alegatos de la defensa técnica para recuperar su libertad inmediata alegando irregularidades en la detención, el tribunal a cargo resolvió suspender la diligencia. Los magistrados dejaron pendiente la resolución final hasta que la Fiscalía y los organismos pertinentes remitan documentación complementaria que aclare los pormenores procesales.
Por consiguiente, Luisa González deberá continuar bajo el régimen de prisión preventiva dentro del centro penitenciario riobambeño.
El contexto del Caso Laberinto
La prisión preventiva contra la líder política fue dictada por el magistrado Henrry Navarrete. La medida responde a una instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Según la tesis del Ministerio Público, la trama involucra un monto cercano a los 500.000 dólares, los cuales habrían estado vinculados al financiamiento de su campaña electoral durante las elecciones presidenciales del año 2023.
Por su parte, desde el Ejecutivo, las autoridades han enfatizado de forma tajante que los procedimientos judiciales responden estrictamente a la independencia de funciones y a la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado y los delitos financieros, descartando cualquier tipo de manipulación o ensañamiento partidista.
