Tuiteaba aquí la semana pasada que, contrariamente a lo que sostenía Fabricio Correa, yo no creía que el Consejo Nacional Electoral podía tener más responsabilidad que la ineficiencia en el escándalo de las firmas falsificadas. Quiero dejar constancia de que, a la luz de los indicios que se han conocido esta semana, no puedo seguir afirmando lo mismo.
Durante las últimas semanas la prensa ecuatoriana presentó importantes evidencias sobre del esfuerzo del Presidente Rafael Correa por establecer un sistema de triangulación financiera que permita a Irán mover dinero libremente por América Latina, en efecto, ocultando dinero iraní en la estructura bancaria del Ecuador. Dichas acusaciones obligaron al Presidente Correa – y a su primo Pedro Delgado, que también es Presidente del Banco Central- a reconocer por primera vez que Ecuador se encontraba negociando la apertura de cuentas de un banco privado ecuatoriano intervenido por el Estado, Banco Cofiec, en bancos iraníes. Dijeron también que no hay nada de ilegal con ello, y que el motivo de estas negociaciones es puramente comercial.
Durante los últimos años he sido testigo de lo fácil que es gobernar cuando un partido que ha tomado el poder acoge a rajatabla aquella lejana doctrina totalitarista pregonada por Rousseau: “la voluntad general siempre debe prevalecer frente a la particular”. A raíz de dicha máxima, durante el siglo XX se justificaron cualquier cantidad de regímenes autócratas disfrazados con una capa democrática que supuestamente los legitimaba para tomar cualquier decisión, sin importar qué tan restrictiva de libertades sea, siempre que beneficie a las grandes mayorías que apoyan sus decisiones, más que porque éstas realmente entiendan las razones y consecuencias de las decisiones del poder.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no cede terreno ni quiere perder su “medalla de oro” como el mayor enemigo de la libertad de expresión. No ceja en sus ataques a la libertad de prensa ni en sus arremetidas contra el derecho de los ciudadanos del Ecuador a elegir cómo y dónde informarse. Ya prohibió a ministros y funcionarios de su gobierno hacer declaraciones y dar información a la prensa independiente, y ahora, siguiendo con su escalada, ordenó la no colocación de publicidad oficial en medios privados, como una forma de represalia por la línea editorial e informativa independiente que estos mantienen.
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