Es loable que el Estado haga todos los esfuerzos a su alcance para cobrar a los deudores morosos de la banca cerrada. Han pasado ya casi trece años desde que empezó la crisis de finales de siglo pasado, y hasta ahora muchos de ellos siguen pavoneándose en la más pasmosa impunidad, de la cual han sido cómplices funcionarios públicos encargados de ordenar su ejecución por la vía coactiva, quienes mandados o coimeados terminaron haciéndose de la vista gorda. Incluso, para que los reales beneficiarios de los créditos impagos pasen de agache, hace poco se intentó la demagógica farsa de imputar, sin ton ni son, y sin ubicar precisas responsabilidades por fraudes en la administración de esos bancos, a la totalidad de sus directores, administradores y funcionarios, poniendo a culpables e inocentes en el mismo saco.
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