A pesar de que a partir del 9/11 el mundo ha sufrido varios cambios, pero pocos temas han sido tan difíciles de modificar como la situación de los prisioneros en Guantánamo. Desde el 7 de octubre de 2001, cuando inició la Guerra con Afganistán, 775 detenidos fueron llevados a Guantánamo; de estos, alrededor de 600 han sido liberados sin cargos o transferidos a instalaciones en sus propios países. El resto, entre ellos sospechosos del ataque del 9/11 siguen en casi las mismas duras condiciones que las organizaciones internacionales de derechos humanos llevan denunciando desde hace casi 10 años.
Hay tres cosas que no se pueden negar. Uno, que la justicia de Ecuador es un desastre. Dos, que el pueblo ordenó su transformación mediante un Consejo políticamente controlado por el Presidente Rafael Correa. Tres, que para lograr una auténtica reforma en 18 meses se requieren medidas extraordinarias. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Pero, ¿todo eso justifica que el Presidente Correa haya decretado un estado de excepción sobre la Función Judicial? Más allá del discurso de los políticos, ¿qué dice la Constitución?
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