Maduro amenaza con expropiar a empresarios que no vendan a precios «justos»

Caracas, 4 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy a los empresarios del país que tienen plazo hasta el próximo lunes para ajustar sus precios y señaló que quien viole la nueva Ley de Precios Justos se expondrá a medidas radicales como la expropiación.

«Les voy a dar hasta el lunes que viene, si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar (…) si hay que expropiar, vamos a expropiar», dijo.

El gobernante hizo la advertencia durante el discurso que ofreció durante la conmemoración del aniversario de la intentona golpista que encabezó el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), acto que se realizó en el Cuartel de la Montaña, oeste de Caracas, donde reposan los restos del líder fallecido.

Maduro aseguró que su Gobierno va a ir «a fondo» y pidió a los «sectores de la burguesía» que no lo subestimen.

«Vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo», reiteró el gobernante.

Ante la aceleración de la inflación, Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a precios justos y recientemente entró en vigor la Ley de Precios Justos, en la que figura la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores. EFE

 Carcas,  (AP) — Empresarios venezolanos rechazaron el martes la Ley de Precios Justos que fija en un máximo de 30% los márgenes de ganancia de las empresas y que contempla sanciones que van desde la aplicación de multas millonarias, ocupación y cierre temporal de empresa o retiro de licencias comerciales.

Fedecámaras, el mayor gremio empresarial del país, denunció que la ley atenta contra la propiedad privada, pero el gobierno afirmó que la nueva regulación beneficiará a los sectores pobres del país, y que el propósito del instrumento legal es que las empresas se «autorregulen y sinceren su estructura de costo».

Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, anunció que el gremio acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para demandar su nulidad por considerarla como «discrecional e inconstitucional». Explicó que la ley declara a las empresas de utilidad pública y las deja » listas para expropiaciones, para confiscaciones… es bueno que la población sepa que con esta ley ninguna empresa, por más pequeña que sea, se salva», indicó en una rueda de prensa.

El empresario señaló que es una ley «que crea muchísimos más controles… es una ley que le da poderes a una Superintendencia a nuestro modo de ver discrecionales y exagerados para fijar precios».

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