El viceministro de Minería de Ecuador, Henry Troya, aseguró que el compromiso del Estado es que las empresas mineras cumplan con los protocolos y realicen la actividad de la mejor manera para respetar el ambiente y la seguridad industrial.
«Realizaremos minería bien hecha. Como Estado velaremos para que las empresas mineras cumplan con la normativa técnica, ambiental y de seguridad industrial», indicó el viceministro, según recoge hoy un comunicado emitido por el Ministerio de Minería ecuatoriano.
Troya explicó que su cartera de Estado, adscrita ahora a la de Hidrocarburos, lleva a cabo constantes visitas para verificar que las empresas, en especial las que desarrollan proyectos estratégicos, cumplan con los planes de trabajo presentados para ejecutar su labor.
El responsable precisó que esta semana un equipo especializado del Ministerio visitó el proyecto Mirador, situado en la provincia meridional de Zamora Chinchipe, para verificar la resolución ministerial que suspendió las actividades de la mina tras un accidente laboral el pasado 25 de julio.
También se inspeccionó el proyecto Fruta del Norte, en la misma provincia, para constatar que se cumple la agenda de trabajo.
El viceministro de Minería aseguró que el Gobierno del presidente Lenín Moreno no dudará en suspender cualquier proyecto que no cumpla con los planes técnicos, ambientales y de seguridad industrial.
«Esto es una prueba de que queremos hacer una minería responsable», recalcó.
Troya manifestó que los concesionarios deben responder por el incumplimiento de la normativa minera y laboral ecuatoriana.
Y se refirió asimismo a los beneficios que la actividad minera origina en la provincia y en este sentido, rescató datos del Servicio de Rentas Internas que reportó en Zamora Chinchipe un incremento del aporte económico en el primer semestre del año.
Organizaciones ecologistas y movimientos indígenas han denunciado en repetidas ocasiones que la actividad minera daña los ecosistemas y el tejido social de las comunidades, que la mayor parte de las veces se ven indefensas ante fallas o vertidos provocados por las empresas en zonas especialmente biodiversas y protegidas. EFE