PANAMA (AP) — Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas comenzó el martes la inspección del material militar cubano oculto en un barco norcoreano retenido en Panamá, en un caso que según las autoridades panameñas supone una posible violación al embargo de armas impuesto al país asiático.
Para Panamá, «este tema representa un incidente que viola resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no un caso cuya solución pueda darse a través de otra forma que no sea por esa instancia internacional, con apego y respeto a nuestro derecho interno», dijo el ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.
Asimismo informó que durante el primer día de inspección las autoridades locales presentaron durante más de dos horas, «un informe pormenorizado sobre lo actuado por Panamá, desde la detención del buque» el pasado 10 de julio, y «respondieron a decenas de preguntas formuladas por los técnicos» de la ONU.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede del Servicio Nacional Aeronaval en la periferia oeste de la capital sobre el Pacífico, participaron autoridades de la procuraduría general, seguridad pública y el representante de Panamá ante la ONU, Pablo Thalassinos.
Panamá «valora como crucial para definir el destino del barco de bandera norcoreana Chon Chon Gang, su carga y su tripulación, la inspección que desde hoy realiza en la nave un panel de expertos del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas», dijo el Ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien reiteró la disposición del gobierno panameño a prestar toda la ayuda necesaria para facilitar la tarea de los enviados de la ONU.
El panel de seis expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, encabezados por Martin Uden, inspeccionará el barco y el material bélico entre el martes y el viernes, y tratará de hablar con la tripulación. Tras su visita, el equipo presentará un informe preliminar y luego uno más detallado con conclusiones y recomendaciones al comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El fiscal de drogas Javier Caraballo confirmó telefónicamente a la AP que los expertos de la ONU ya comenzaron la inspección de las armas, pero aclaró que no podía dar más información.
Las autoridades panameñas retuvieron el barco Chong Chon Gang a mediados de julio poco después de abordarlo en aguas del Caribe ante la sospecha de que transportaba drogas. El buque, que se disponía a cruzar el Canal de Panamá con rumbo a Corea del Norte, no cargaba estupefacientes sino pertrechos militares en contenedores ocultos bajo toneladas de azúcar cruda.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli dijo que retuvo el barco siguiendo un mandato de la ONU que obliga a sus países miembros a verificar cualquier carga en buques norcoreanos que transiten sus aguas si tienen fuerte sospecha de que lleva material de guerra que viole el embargo.
Por otra parte, la tripulación estaba obligada a declarar esa carga antes de cruzar el canal, lo cual no hizo, aseguró el administrador de la vía marítima Jorge Quijano, quien advirtió que el buque se expone a una sanción del canal. El Ministerio de Seguridad Pública dijo que Panamá brindó un informe preliminar sobre el caso. Por un lado, considera que la tripulación transgredió leyes del país y que habría incurrido en el delito de atentar contra la seguridad colectiva al transportar armamento peligroso sin declarar.
Bajo ese cargo penal, los 35 marinos norcoreanos permanecen detenidos preventivamente en una antigua base militar estadounidense en la provincia portuaria de Colón, al norte de la capital, donde fue retenido el mercante.
Cuba informó un día después de anunciarse la retención del barco que éste había salido de un puerto de la isla con 10.000 toneladas métricas de azúcar y 240 toneladas de armamento defensivo para reparar, incluyendo cazas Mig, motores de este avión y partes de sistemas de misiles así como cohetes en piezas.
La Habana y Pionyang dijeron que se trataba de armamento viejo para reacondicionamiento según acuerdos suscritos entre ambos. Cuba también expresó que estaba comprometida con el desarme nuclear y el respeto al derecho internacional.
Sin embargo, Panamá consideró que la carga militar debió haber sido declarada.