Por Eduardo Carmigniani
El acomodo de la Corte Suprema nombrada luego de la pichicorte dejó intacto lo hecho por esta, pese a que lo legal y apropiado era anularlo todo por tratarse de decisiones tomadas sin jurisdicción, y más aún cuando se trataba del «despacho» de apenas cuatro meses. Los nombrados a dedo como pichijueces tampoco fueron juzgados; que se conozca, no hubo proceso para determinar si incurrieron en el delito de, sin título legítimo, fingir ser funcionarios públicos y actuar como tales, que a estas alturas ya prescribió.
Seudoprovidencias intactas e impunidad: así estaba, hasta ahora, la cuestión de la pichicorte en el paisito, que no pudo o no quiso sentar un precedente. Pero el caso acaba de reabrirse con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que juzgue al Ecuador. Esto probablemente terminará en que habrá que indemnizar a los jueces inconstitucionalmente removidos; y no es que esa reparación sea inmerecida, pero sí sería intolerable que los fondos públicos con los que se la pague no sean recuperados luego, vía acción de repetición. Contra todos los responsables.
Debe estar muy claro, entonces, que por la pichicorte deben responder no solo unos diputados anónimos e incompetentes que votaron por remover jueces sin tener facultad para ello, sino principalmente quien usando esa «decisión» como pretexto perfecto mandó a invadir con la fuerza pública a la Corte Suprema, para que se impida el ingreso de los verdaderos jueces a sus oficinas. Y todo eso debe estar muy claro, no solo para demandar a todos los complotados, sino para que por fin haya un precedente.
El precedente me regresa al presente y me hace pensar en todo lo que está pasando, desde jueces y tribunales mutantes hasta aquello de que el Ejecutivo declare el estado de excepción no de una parte del territorio nacional sino en otra función del Estado, ordenando la movilización, no solo de sus funcionarios, sino nacional, lo que más allá de explicaciones sobre manejos presupuestarios implica, según el Art. 36 de la Ley de Seguridad Pública, «la orden forzosa de prestar servicios individuales o colectivos» que cualquier ciudadano puede recibir. Para actuar como juez nombrado a dedo, por ejemplo, con el también perfecto pretexto de la congestión de los despachos judiciales.
Eduardo, no se de leyes y desde mi punto de vista de ciudadana
ecuatoriana común y corriente, quisiera saber si el estado de excepción
es inconstitucional, cual es el motivo x el cual el Gobierno esta
tomando esta decisión (motivo del gobierno) y luego quisiera saber su
opinión por el cual no debería haberse decretado este estado de
excepción.
Se lo pregunto xq desde mi punto de vista con las cortes, jueces,
abogados, etc. muy dudosos que tenemos en el país, obvio sin generalizar
hay muchos que realmente se merecen todo nuestro respeto, pero teniendo
la duda de gran parte de nuestro sistema judicial, creo yo que no
estaría mal el hacer una depuración y x 60 días trasladar nacionalmente a
jueces, personal administrativo, etc. para suplir las falencias que
existen, destinar presupuesto que sin este estado no se lo podría hacer
para llevar acabo los cambios que se necesitan para modernizar y hacer
mas ágil el mismo (seria un milagro q esto ocurriera en 60 días) pero
pregunto yo, es muy evidente que este estado de excepcion realmente es
un disfraz de querer sanear la justicia cuando realmente lo q se quiere
conseguir es deshacer o depurar pruebas o hacer y deshacer lo que se
tenga en gana con la justicia? xq mejor no esperamos a que pasen los 60
días para evaluar los resultados? o realmente debemos tener este
concepto tan bajo de este Gobierno?
Saludos
en el país done la justicia es independiente de la intromisión de los políticos los cuales levan una linea de pensamientos, donde lo que impera es el secuestro de los poderes del estado por un tirano. Es fácil predecir sin ser mago, ni brujo, ni sortílego, ni encantador, ni cartomantico. ya que este gobierno da claras muestras de lo que quiere y para donde lleva las cosas. sino fuera así, porque no deja que la justicia sin interferencia haga su trabajo, que los jueces con constitución y leyes en sus manos juzguen lo que tienen que juzgar, y si no cumplen con su cargo pues allí se les pide cuentas. PERO SE DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN justamente cuando se esta llevando a cabo el juicio contra el universo, PREGUNTO CUAL ES LA CAUSA. repito. CON ESTE TIRANO DE JEFE DE LOS JUECES AHORA ES SIMPLE LA DEDUCCIÓN. QUIERE ESOS 40 MILLONES SEA COMO SEA. ESTO CUALQUIER CIUDADANO LO SABE Y PARA ESO NO HAY QUE ESPERAR 60 DÍAS.
Cómo dejar que los jueces con constitución y leyes en sus manos juzguen lo
que tienen que juzgar si tenemos años donde estos jueces han hecho y deshecho a su antojo lo que quieren con las leyes. No están decretando un estado de excepción para cambiar una justicia intachable, la justicia que teníamos antes de Correa y con este Gobierno es demasiado tachable como para que sea intocable, desde su punto de vista con este estado de excepción va a manejar las cortes, pero desde su mismo punto de vista ya las estaba manejando antes de decretar este estado xq gano el juicio contra El Universo y Emilio Palacio, cual es el fin entonces del estado de excepción si de igual forma tiene el poder las cortes? o sera que antes del estado de excepción no tenia poder sobre las cortes?
Cómo dejar que los jueces con constitución y leyes en sus manos juzguen lo
que tienen que juzgar si tenemos años donde estos jueces han hecho y deshecho a su antojo lo que quieren con las leyes. No están decretando un estado de excepción para cambiar una justicia intachable, la justicia que teníamos antes de Correa y con este Gobierno es demasiado tachable como para que sea intocable, desde su punto de vista con este estado de excepción va a manejar las cortes, pero desde su mismo punto de vista ya las estaba manejando antes de decretar este estado xq gano el juicio contra El Universo y Emilio Palacio, cual es el fin entonces del estado de excepción si de igual forma tiene el poder las cortes? o sera que antes del estado de excepción no tenia poder sobre las cortes?
El problema con la repetición es el tema de la inmunidad de fondo (inviolabilidad) de la que gozaban los entonces diputados, como los actuales asambleístas, en la que se escudaran para esquivar su responsabilidad. Algo verdaderamente «revolucionario» sería eliminar ese instituto que protege, precisamente, a quienes tienen poder y nada deberían temer si actúan con corrección y si confiaran en que, en verdad, la justicia es independiente e imparcial.