Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
El Presidente Correa ha desatado una polémica sobre el papel de la Asamblea Nacional en la fiscalización del Estado. Primero, envió una carta a Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea, quejándose por excesivos pedidos de fiscalización de los asambleístas contra los ministros del Ejecutivo. Cordero respondió que los asambleístas actuaban en ejercicio de la ley. En la siguiente sabatina, Correa ordenó sus ministros, so pena de destitución, que no contesten pedidos de información de asambleístas, salvo que provengan de Cordero. En todo este debate, que parecería tan banal justo antes de arrancar la campaña electoral —¿cortina de humo? — y coincide con el destape de varios escándalos de corrupción en el gobierno, analicemos qué dicen la Constitución y la ley.
El argumento del Presidente es que los pedidos de información para fiscalizar a servidores públicos deben venir de la Asamblea como institución pública, exclusivamente a través de su representante legal (Fernando Cordero) y, por tanto, no cabría que esos pedidos provengan de los asambleístas en forma independiente. Esta tesis del Ejecutivo va de la mano con acusar excesos irrazonables en los requerimientos de los legisladores.
Antes que nada, aclaremos algo: podemos discutir ampliamente si los legisladores se están excediendo o no en sus pedidos de información, o si están ejerciendo correctamente o no su labor de fiscalización. Ese es un debate de carácter político, donde el Presidente Correa, como cualquier otro ciudadano, bien puede exponer sus críticas ante el país. Y asimismo, ese es un debate cuya consecuencia debe ser también política: si un asambleísta está haciendo mal su trabajo, quien debe juzgarlo, en última instancia, no es el Ejecutivo, sino el pueblo ecuatoriano a la hora de ejercer el sufragio.
Con esta aclaración, para dilucidar jurídicamente este problema basta una sencilla pregunta: ¿es lícito que el Presidente ordene a sus ministros que no contesten pedidos de información? Veamos.
El artículo 120.9 de la Constitución establece como atribución de la Asamblea Nacional “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Desarrollando esa norma, el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) dispone que “las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en los artículos 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República”, so pena de incurrir en causal de juicio político.
Es claro, entonces, que los pedidos de los asambleístas están autorizados por una ley vigente. Pero el Presidente Correa cuestiona que esa ley no es compatible con el artículo 120.9 de la Constitución, atribuyendo esa función a la Asamblea como entidad y no a los asambleístas en particular. No obstante, ¿puede esa interpretación del Presidente, acertada o no, prevalecer por encima del texto de la ley? ¡Obvio que no! Si el Presidente considera que el artículo 75 de la LOFL es inconstitucional, no puede ordenar como capataz que se incumpla, sino que debe plantear una demanda ante la Corte Constitucional para que sea ella la que resuelva sobre ese dilema. Por el contrario, saltarse a la Corte e imponer un criterio del Ejecutivo en contra de ley expresa es una vía de hecho desamparada de cualquier legitimidad.
Cabe, por último, una reflexión final: si la tarea de la Asamblea es fiscalizar, ¿la tesis de Correa incentiva o no a una mayor fiscalización? ¿O más bien la entorpece al exigir que dicha fiscalización provenga exclusivamente de Fernando Cordero, quien pertenece a la misma organización política de Correa, bloqueando con ello el impacto que pueda tener una legítima fiscalización de los políticos opositores? ¿Cuál de las dos interpretaciones favorece la transparencia y cuál favorece la impunidad de la corrupción?
Publicado en www.realidadecuador.com
Lo que Ud señor no dice en su comentario sesgado, ya sabemos pòrque, es quienes y con que intenciones hacen la mayoria de pedidos de informacion a los ministros…yo si los voy a decir…nada mas ni nada menos que de parte de dos sujetos que estan siendo investigados , uno por crimenes y el otro por infringir la ley,Galo Lara y este otro señor..creo que es Klever gimenez…o sea dos elementos negativos enquistados dentro de la asamblea nacional tratando de desestabilizar el correcto funcionamiento de la verdadera fiscalizacion….pero cada vez que el pueblo ecuatoriano se da cuenta de situaciones como la de estos malos asambleistas y personas como Ud que pareceria que defiende a estos sujetos, y a su malo accionar , cada vez mas el pueblo se decide por la unica opcion que se aleja de situaciones como estas….cada dia mas gente se decide por alianza pais y por Correa…en respuestas a los malos elementos que se van contra la etica . la moral y el sentido comun…
Mas claro no canta un gallo!!!!!!
Esta opinion (Y si que esta bien fundamentada) deberia leer correa y cenirse a la constitucion (y vaya que que fue hecha por ellos mismo) en lugar de imponerse con fuerza bruta (y que mas puede hacer este mitomano).
Me gustaria que correa conteste esta opinion del senor Yepez y aclare si es cierto o no lo que se dice en el.
Pero,…….sabemos que correa solo da explicaciones los sabados……..y solo a sus esbirros. Que pena, al tiempo que hemos llegado……..un vulgar mentiroso en el poder, las drogas circulando a lo largo y ancho del pais, las escuelas, colegios, universidades y demas centros educativos llenos de drogas y corrupcion….
Alguien me podria negar que todo esto se manifiesta abiertamente desde que correa se proclamo «dictadorzuelo» de este «otrora» hermoso pais? Acaso ya viviamos llenos de delincuentes, asesinos, narcotraficantes y demas carrona humana, antes de los ROBOLUCIONARIOS del siglo 21?
«Si vas a decir la verdad a la gente, mejor será
que les hagas reír, si no, te pueden matar.»