Ella es una de las tres demandantes en los juicios que por crímenes de lesa humanidad ha iniciado la Fiscalía General del Estado en contra de cinco agentes de la fuerza pública, entre militares y policías, que enfrentaron la subversión de AVC durante la década de los ochenta, y a los que se acusa de haber perpetrado graves violaciones de los derechos humanos.
Yo no voy este momento a opinar sobre el proceso. Solo quiero decir que en mi opinión, Susana Cajas falta a la verdad. Y que en 1983, cuando Alfaro Vive Carajo irrumpe a la vida pública asaltando el Museo Municipal de Guayaquil para robar la espada de Alfaro, el país vivía una democracia plena, con libertad de participar en los partidos políticos, independencia de funciones y un gobierno elegido por el pueblo.
Ni siquiera gobernaba la derecha. Acabábamos de salir de una larga dictadura militar y habían ganado las elecciones dos jóvenes de clase media que andaban por los cuarenta años recién cumplidos, y que profesaban una ideología de centro-izquierda: Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Y según se creía entonces, el más probable triunfador de las próximas elecciones era otro joven progresista, el líder de la Izquierda Democrática, Rodrigo Borja. La democracia había terminado con la proscripción de los partidos comunistas, y líderes marxistas de la talla de Jaime Hurtado González y René Maugé actuaban en el Congreso. El Ecuador vivía una democracia joven y vibrante, contra la que Alfavo Vive Carajo se levantó en armas, con el objeto de reemplazarla por una dictadura. La suya.
El de Susana Cajas no es el caso de Dilma Rousseff, o Michel Bachelet, que en Brasil y Chile se integraron a guerrillas que luchaban contra dictaduras infames. Alfaro Vive Carajo se levantó contra la democracia. No se trataba de luchar contra una dictadura para rescatar la libertad. El objetivo era terminar con las libertades bajo la promesa de implantar la justicia social bajo una dictadura. Y el escenario no cambió ni siquiera un año después cuando, contra todas las predicciones el candidato de la oligarquía, León Febres Cordero, ganó las elecciones. Porque aún con Febres Cordero en el poder, lograron mantenerse la independencia de funciones, la libertad de prensa y la vigencia de los partidos.
Tanto se mantuvo la democracia, que el Congreso Nacional, presidido por ese gran hombre que fue Jorge Zavala Baquerizo, enjuició al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, al que la oposición culpaba de violar los derechos humanos en la lucha contra la subversión. Y no solo lo declaró culpable sino que también lo destituyó. Y Febres Cordero terminó aceptándolo. Tanto existía democracia, que los medios de comunicación informaban de los excesos del gobierno (y aún los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad), y criticaban duramente al régimen que luchaba contra la subversión, sin que sean sancionados por Superintendencia alguna. Para que treinta años después esos mismos subversivos formen parte de un régimen que ha declarado sus enemigos a esos medios que los defendieron.
En 1983, e incluso en 1985, había más democracia que la que hoy existe en 2015. Y a nadie se le ocurre el sinsentido de que pueda tomarse las armas para imponer por la fuerza una forma de gobierno. Bien es verdad que en esa época había personas que pensaban que aquello no solo era posible sino también bueno. El M-19, los tutores ideológicos de AVC, actuaban de igual manera contra la democracia colombiana. Pero creo que transcurridas tres décadas no cabe reconocer sino que estaban equivocados. Que la dictadura es repudiable. Que al poder no debe llegarse por las armas. Y pedir disculpas.
Intentar reescribir la Historia es iluso. No tiene sentido, por lo menos mientras los hombres tengamos memoria.