Ecuador. Miércoles 22 de Marzo de 2017
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Integrante de “Alfaro Vive Carajo” cree que el país debe conocer lo que pasó

Susana Cajas, ex militante de Alfaro Vive Carajo, actual asambleísta alterna de Alianza PAIS.

La depresión y la fuerza embargan a Susana Cajas, una de las acusadoras en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que arranca este lunes en Ecuador, en el que cinco acusados se sentarán en el banquillo por supuestos delitos cometidos entre 1985 y 1988.

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“Para mí es una experiencia muy fuerte en general”, dijo Cajas en entrevista con Efe al asegurar que el caso fue llevado a los tribunales porque “hay que buscar la justicia, exigir justicia, buscar la verdad, creo que el país debe conocer lo que pasó“.

En el caso “Vaca, Cajas, Jarrín“, están procesados exmilitares (generales y coroneles) y un general de Policía en servicio pasivo, quienes pertenecieron a lo que la Fiscalía General del Estado llama “estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad”.

Los denunciante4s son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo “Alfaro Vive Carajo“, quienes aseguran que sus derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero, indicó el Ministerio Público.

Cajas recuerda que el proceso de judicialización del caso comenzó hace dos años y, lo que llama el “momento crucial”, la audiencia de juzgamiento, comienza hoy en la Corte Nacional de Justicia, que acoge así el primer caso por crímenes de lesa humanidad.

“No es que me mueve el odio, la venganza o el desquite, al contrario, son momentos que nos producen mucha depresión, pero también mucha fuerza de seguir adelante porque pienso que estamos hablando con la verdad”, señaló.

Los acusadores fueron detenidos el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas (noroeste) por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha.

Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual aseguran que sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal.

Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.

Cajas apunta que revivir lo que le ocurrió hace treinta años le provoca “tristeza y depresión”, pero encuentra fuerza en la necesidad de que se conozca la verdad y se recupere “una memoria, parte de la historia que fue contada solamente desde una versión oficial”.

“Hay que asumir esta responsabilidad frente al país”, dijo, y “contribuir para que esto nunca más vuelva a pasar, para que exista una juventud que si quiere tener una participación política, realmente no tenga que, por un lado acudir a las armas, y por otro lado, no esté expuesta a la tortura, desaparición, ejecución extrajudicial”, señaló.

Alfaro Vive Carajo se levantó en armas en 1983, con el objeto de tomar el poder, cuatro años después que Ecuador había retornado a la democracia. Gobernaba el presidente Osvaldo Hurtado. En el país existían partidos políticos y separación de funciones, y siguió existiendo durante el gobierno siguiente, del presidente León Febres Cordero.

Para Cajas, asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País, los integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, que dejó las armas en 1990 gracias a un acuerdo con el gobierno del presidente Rodrigo Borja, fueron ya juzgados por la justicia: “rendimos cuentas a la justicia, todos rendimos cuentas a la justicia”, dijo.

Ninguno de los que se levantaron en armas contra la democracia, asaltaron bancos o asesinaron personas recibieron penas superiores a los cinco años.

La audiencia de juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del país, inicia con la presencia hoy de Vaca, Cajas y Jarrín, quien llegó el pasado fin de semana desde Brasil, donde reside.

Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.

En este caso se convocó a juicio a ocho personas, de las cuales tres están prófugas (uno de ellos en Estados Unidos) y no se les puede juzgar en ausencia, según la Fiscalía.

Los crímenes de lesa humanidad que se indagan en este caso son detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.

Cajas reconoce la “decisión política” del actual Gobierno, liderado por Rafael Correa, para permitir la investigación de la violación de derechos humanos y aseguró que la decisión que adopte el tribunal de la Corte va a “marcar un precedente jurídico en el país (…), un antes y un después”. EFE (I)