¿Temor a una comisión internacional?

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

¿Hay temor a una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad? ¿A una comisión que bajo el patrocinio de las Naciones Unidas esté liderada por un fiscal de prestigio internacional –los hay en España, Brasil y Colombia, por ejemplo– y acompañado de unas decenas de fiscales especializados en delincuencia organizada, delitos financieros, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, rastreo de activos, narcotráfico, lavado de dinero y, en general, en delincuencia del tipo que nos gobernó por una década? Parece difícil aceptarlo, pero al parecer sí hay cierto temor a que en el Ecuador se instale una comisión como esa. Un cuerpo de fiscales con suficiente poder para investigar no solo lo ocurrido en el pasado, sino lo que ocurra en el futuro. Un equipo de expertos que venga no a opacar a la Fiscalía ecuatoriana, ni a competir con ella y menos a sustituirla, sino a colaborar y a fortalecerla. La montaña de delitos cometidos por la pandilla que nos gobernó por diez años es tan enorme como compleja, es la red de canales financieros y corporativos por donde se bombearon miles de millones de dólares a jurisdicciones de escasa transparencia.

Esa montaña de delitos no puede ser, admitámoslo de una vez por todas, derrumbada así nomás, con las herramientas institucionales y burocráticas con las que hoy cuenta el Estado ecuatoriano, de ese Estado que por una década estuvo al servicio de una mafia que no conoció ni límites éticos ni fronteras legales en su voracidad por el dinero y el poder. Basta mirar lo que está pasando. Aún siguen pendientes los otros procesos penales en contra del exvicepresidente, así como los casos penales por delitos contra la administración pública incurridos por el exdictador, incluyendo el de peculado y falsificación en el manejo de las cuentas fiscales, entre otros delitos. No se diga su colaboración para encubrir a los asesinos del general Gabela y la persecución a Galo Lara. Y así por el estilo.

La presencia en el país de una comisión similar a la de Guatemala garantizaría no solo acelerar las causas contra la mafia correísta, sino que provocaría un giro de 180 grados en la vida pública ecuatoriana. Nuestra sociedad, sus actores políticos, sociales y empresariales deben definirse. ¿Quieren que la corrupción siga entronizada en el Ecuador? ¿Desean seguir viviendo en un país donde la coima, la extorsión y los negociados sean prácticas comunes y aceptadas? ¿Quieren que el Ecuador siga siendo catalogado como una de las naciones más corruptas del planeta? La corrupción –lo hemos dicho antes y lo confirman decenas de estudios empíricos– es el factor que más alienta la inseguridad jurídica y es el más grande obstáculo para la inversión y el desarrollo económico.

¿Por qué se le teme entonces a una comisión internacional? ¿No es acaso combatir a la corrupción e impunidad tan o más importante que eliminar un impuesto a la transferencia de inmuebles –asunto por lo que se promovieron marchas, realizaron campañas y hasta se convocó a una consulta popular–? (O)

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