Guayaquil, Ecuador
La mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) cree que los ecuatorianos somos unos cretinos. Parecería que su presidenta y sus dos fieles aliados están convencidos de que nadie se ha dado cuenta de su desesperación por ayudar al jefe de la mafia, al capo di tutti capi, para que pueda inscribir su candidatura a alguna dignidad de elección popular en los próximos comicios o al menos para asegurar que su pandilla –cobijada ahora bajo un movimiento político fundado por otro delincuente– logre participar en ese evento cívico.
Dichos consejeros saben que lo que están haciendo es ayudar a un individuo al que la Corte Nacional le ha confirmado una orden de prisión por su participación en un secuestro; a quien la Fiscalía General lo ha acusado de dirigir una organización criminal y ha pedido ocho años de cárcel; a quien la Contraloría General del Estado le ha abierto algunos expedientes y emitido glosa por 9 millones de dólares por su abuso de los aviones presidenciales; y quien, además, tiene varias investigaciones penales en marcha. A un individuo como él, que violó los derechos humanos como ninguna dictadura lo hizo; que es el responsable de la quiebra fiscal del Estado y que dilapidó –decía que era “economista”– más de 300 000 millones de dólares que buena falta nos hacen ahora para enfrentar las crisis; que se jactaba de ser el jefe de todos los poderes públicos; a este individuo es a quien la presidenta del CNE y sus aliados no saben qué nomás hacer para ayudarle, para lanzarle esa boya de flotación que es su inscripción como candidato a algo.
En otras palabras, estarían facilitándole la impunidad a un prófugo de la justicia. Y seguramente como resultado de algún pacto vergonzoso. Pero lo más increíble es que lo hacen como si nada, sin ningún rasgo de vergüenza, sin ningún gramo de pudor, como si los ecuatorianos fuésemos tan idiotas que no nos diéramos cuenta. El movimiento que nos gobernó por una década no fue una organización política. Eso lo tiene claro el país. Por muchos votos que hayan obtenido, por muy populares que hayan sido y por mucha obra pública que hayan construido (con sobreprecio y de mala calidad…), lo cierto es que lo que tuvimos fue una pandilla organizada dedicada a robar los fondos públicos; que violó contumazmente las instituciones democráticas; que “normalizó” la corrupción en la vida pública y que parió a una horda de nuevos ricos que hoy se pavonean. Si la presidenta del CNE y sus aliados persisten en encubrir a este prófugo de la justicia, deberán entonces responder legal y políticamente. No debemos permitir que el titánico esfuerzo que hace la fiscal general para desmantelar a tan poderosa mafia de políticos y empresarios sea destruido. Los políticos corruptos (populares o no) deben ser juzgados por los tribunales, no por las urnas. Toda acción –como la del contralor general– contra esta gente es una obligación legal y un deber ético. (O)