Maduro dijo ayer que declararía una «emergencia nacional» para combatir la corrupción y que no dudará en cambiar «todas las leyes» de ser necesario.
«Voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo», afirmó Maduro.
Con la temperatura política subiendo cuando faltan cuatro meses para las próximas elecciones municipales, la oposición no tardó en reaccionar y en calificar hoy de «sospechosos» los últimos movimientos de Maduro contra la corrupción, mientras el chavismo promovía una condena parlamentaria al partido opositor Primero Justicia (PJ) en nombre de esa lucha.
«Los corruptos, y hay que decirlo una y otra vez, están en el Gobierno», señaló.
«Todo esto que usted está viendo que están haciendo es para tratar de lavarse la cara ¿y lavarse la cara frente a qué?, frente a los verdaderos problemas, los graves problemas que viven los venezolanos todos los días», agregó.
Capriles calificó de «mundo al revés» las acusaciones de corrupción del Gobierno hacia la oposición, que han salpicado a diputados e integrantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entre ellos, al diputado Richard Mardo, desaforado por la mayoría chavista del Parlamento.
Desde el chavismo, insistieron en defender la nueva ofensiva contra la corrupción, señalando que la lucha contra el problema tiene que ser «sin cuartel».
«Esa lucha tiene que ser sin cuartel, sin tregua contra este flagelo que viene del sistema capitalista (…) y creemos que una buena parte de la legislación debe ser revisada en profundidad», indicó el diputado oficialista Julio Chávez al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Chávez no dejó pasar la oportunidad de atacar a la oposición por lo que consideró que es un intento de «banalizar» esa lucha, y dijo que el partido Primero Justicia «surgió de la corrupción» y que es «común» que sus dirigentes actúen con esos principios.
Las palabras de Chávez tuvieron continuidad en la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) del día, donde la bancada del PSUV promovió un acuerdo para condenar «la actuación corrupta de la dirección política de Primero Justicia».
«Hoy conocerá el país de manera irrefutable la antiética, la antipolítica y la putrefacción que hay en aquella dirección de la burguesía, de la mafia amarilla», dijo el diputado oficialista Andrés Eloy Méndez en referencia al color característico de Primero Justicia.
La jefa de la bancada de PJ, la diputada Dinorah Figuera, replicó que su fuerza aceptaba «con hidalguía» un debate que el PSUV «ya tiene perdido» y aprovechó para criticar al chavismo por supuestas irregularidades, como la presunta contratación en la Asamblea de 40 familiares de la primera dama, Cilia Flores.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó el fin de semana que el Ministerio Público ha detenido a 50 personas y acusado a 53 bajo cargos de corrupción entre el 26 de julio y el 7 de agosto.
El Gobierno ha anunciado detenciones en empresas estatales y en el Fondo Chino-Venezolano e incluso se ha actuado contra dirigentes chavistas como Luis Enrique Gallardo, hasta el año pasado gobernador del estado Guárico (centro).
Venezuela es considerado por la ONG Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo, al ubicarse en su índice 2012 en el puesto 165 de 176 países, solo superado por naciones como Sudán, Afganistán o Corea del Norte. EFE