Washington, 23 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó hoy su inquietud por la situación de la libertad de expresión en Ecuador, uno de los problemas que destacó en su Informe Anual de 2013 sobre los derechos humanos en la región.
La Comisión, cuya presidenta Tracy Robinson presentó hoy el informe ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, comenzó por recordar «las graves restricciones» derivadas de la Ley Orgánica de Comunicación sancionada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
«En su articulado la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces», apuntó el informe.
Según alerta la CIDH, la legislación «impone un número importante de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir su formato o tamaño» y crea una entidad llamada «Superintendencia de Información y Comunicación», cuyo titular sale de una terna enviada por el Presidente, lo cual puede cuestionar su independencia.
«Este funcionario administrativo carece de las garantías institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e independencia del gobierno y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios de comunicación», insiste la Comisión.
Asimismo, el informe afirma que el «Gobierno de Ecuador ha continuado la práctica de utilizar los medios públicos para estigmatizar de manera sistemática a organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas que han opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales».
«Así, por ejemplo, durante las trasmisiones semanales del programa presidencial Enlace Ciudadano (…) se emite un segmento, de al menos 30 minutos de duración, denominado ‘La libertad de expresión ya es de todos’, dedicado a criticar a periodistas, medios y miembros de la oposición», denuncia la Comisión.
Además, la CIDH reiteró su preocupación por la existencia de normas penales utilizadas para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, y de normas civiles que podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas contra personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra altos funcionarios públicos de Ecuador. EFE