WASHINGTON (AP) — El gobierno estadounidense dijo el jueves a una comisión del Senado que considera prematuro sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela denunciados por presuntas violaciones de derechos humanos.
Voceros del gobierno dijeron que integrantes de la coalición opositora en Caracas, que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro, así se los han pedido.
«Nos han pedido no trabajar en ellas en este momento», dijo la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien rehusó identificar a los líderes opositores, pero reconoció que otro sector de la oposición sí es partidario de aplicar sanciones. «Hay una diversidad de opiniones. Ciertamente reconozco eso».
Desde que se han iniciado las marchas estudiantiles en Venezuela, el gobierno estadounidense ha llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver el conflicto político y los problemas de Venezuela.
Jacobson dijo semanas atrás que «es sumamente importante en este momento no solo que las personas hablen entre sí, sino que comiencen a lograr un espacio político mayor para aquellos que no lo han tenido».
Un proyecto de ley presentado en abril, que aún no ha sido discutido en las comisiones, pide al gobierno del Presidente Barack Obama imponer sanciones como la revocación de visas y el congelamiento de activos en Estados Unidos a violadores de derechos humanos durante las protestas que han dejado 41 muertes en el país sudamericano.
El senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, autor del proyecto de ley, respondió que le gustaría escuchar directamente de líderes opositores en Venezuela por qué se oponen a sancionar con revocación de visas y congelamiento de activos.
«Lo encontraría increíble, pero si eso es lo que ellos quieren…», dijo Menéndez, quien preside la comisión.
El principal republicano en la comisión, el senador por Tennessee Bob Corker, dijo que él solicitó la audiencia para entender mejor la situación en Venezuela, y adelantó que se analizará con su equipo el proyecto de ley.
«Me he dado a conocer aquí por entender los temas antes de actuar», indicó. «Tengo que tomar una decisión para cuando (los autores) traigan el proyecto de ley a la comisión. Creo que tendremos un markup (audiencia para modificar la redacción del proyecto de ley) muy pronto».
La opinión de Corker se perfila como crucial en medio de un calendario del Senado que prevé dos recesos antes de las vacaciones primaverales de agosto: la última semana de mayo y la primera de julio.
En contraste, una caravana de venezolanos partió de Miami hacia Washington para pedir al Congreso y al presidente Barack Obama que imponga sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«Tenemos un solo objetivo, que es pedir las sanciones al gobierno dictatorial de Venezuela», manifestó a la Associated Press Ernesto Ackerman, uno de los organizadores del viaje. «(Lo que pedimos) es la aplicación personal (de sanciones) a personas que están pisoteando los derechos de Venezuela, no sanciones al pueblo de Venezuela».
Human Rights Watch denunció el lunes que jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden venezolanas recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las protestas.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
El martes aseguró que cualquier sanción que se derive por acciones como la caravana tendría como primera consecuencia el cierre de los consulados y la embajada de Venezuela en Estados Unidos; y anunció que pidió iniciar una investigación para castigar «algún día» a los que provoquen que se agreda al país.
El gobierno estadounidense defendió el derecho de los venezolanos para protestar en Washington.
«Aquellos que protestan pacíficamente en Washington para denunciar recientes violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en Venezuela, están ejerciendo estos derechos fundamentales» de libertad de reunión y expresión, expresó Jonathan Lalley, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, en un mensaje de correo electrónico enviado a la AP.
«Las recientes amenazas que les hizo el gobierno estadounidense, continúan demostrando el deterioro del respeto por las libertades fundamentales en Venezuela», dijo.
Los viajeros, en tanto, hicieron caso omiso a las advertencias de Maduro.
En Doral, una pequeña ciudad del sur de la Florida donde vive una numerosa comunidad venezolana, tres autobuses con unos 150 venezolanos salieron con ruido de claxones desde el estacionamiento de un restaurante. En unas cuatro paradas que harán a lo largo de las 22 horas de viaje por carretera esperan que se sumen al menos otros tres autobuses y una veintena de automóviles particulares.
Otros viajaban por avión. Los organizadores del viaje, un grupo de venezolanos que asegura no pertenecer a organización política alguna, dijeron que esperan que cerca de un millar de personas lleguen desde 19 estados de todo el país para participar en las protestas frente al Congreso, la Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos.
Inmediatamente después de las protestas planeaban emprender el viaje de regreso, el mismo viernes a la noche.
Vestidos con camisetas y gorros de colores amarillos, azul y rojo y banderas de su país, mujeres y hombres jóvenes y de edad avanzada subieron a los buses, algunos de ellos con carteles que anunciaban el «Viaje por la libertad», o un «SOS por Venezuela». Antes de salir, un rabino y un pastor —el alcalde venezolano de El Doral, Luigi Boria— les ofrecieron una bendición.
«Queremos que el mundo entero se entere y que terminen de sancionar a esta gente», manifestó a la AP Carla Ruiz, de 30 años, poco antes de abordar uno de los autobuses. «Hago lo que sea por Venezuela», dijo la joven, quien dejó a sus dos hijos y su esposo en Miami y planeaba faltar dos días a su trabajo de corredora de bienes raíces para hacer el viaje.
Ruiz, una ex líder universitaria de Caracas, indicó que llegó a Miami en el 2011, después de haber sido atacada a tiros por dos motocicletas, cuando estacionaba su vehículo blindado en su casa.
___
La corresponsal Gisela Salomón reportó desde Miami. En imagen de archivo del 28 de febrero de 2014 se aprecia a oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana avanzar a bordo de una motocicleta para dispersar una manifestación en Caracas, Venezuela. (Foto de AP/Fernando Llano, archivo)
