Quito.- Hoy empieza el primer proceso penal por crímenes de Lesa Humanidad en la historia ecuatoriana. A las 11h00 la Corte Nacional de Justicia instalará la audiencia de juicio que impulsa la Fiscalía General del Estado, por la detención ilegal, las torturas y la violencia sexual que en 1985 militares ecuatorianos perpetuaron en contra de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, ex militantes de ‘Alfaro Vive Carajo’ (AVC).
El caso de Cajas, Vaca y Jarrín fue documentado por la Comisión de la Verdad, que por medio de su informe trasladó a la Fiscalía 136 casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetuados desde el año 1984 hasta el 2008. La Ley para la Reparación de las Víctimas y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Asamblea Nacional a finales del 2013, ordenó que los casos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad sean investigados por la Justicia.
La calidad de víctimas de Cajas, Vaca y Jarrín fue conferida por el informe de la Comisión de la Verdad y la Ley de Víctimas.
Por el tipo de delito del que se trata, la acusación la sustanciará el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en nombre del pueblo del Ecuador. Sin embargo, la acusación particular estará a cargo del Dr. Juan Pablo Albán, en representación de las víctimas. El expediente fue estudiado en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito, que dirige Albán. El caso, además, es un hito en la historia del Derecho ecuatoriano pues es la primera vez que se discute la aplicación de normas del Derecho Penal Internacional en el plano interno.
Entre los más de 60 testigos que han sido llamados al juicio, tanto por la Fiscalía, la Acusación Particular y la Defensa de los acusados, se encuentran varias personalidades del la vida pública nacional: el ex dictador Guillermo Rodríguez Lara, el ex presidente Osvaldo Hurtado Larrea, los ex vice presidentes León Roldós Aguilera y Blasco Peñaherrera Padilla, , la ex presidenta de la Comisión de la Verdad Elsie Monge, entre otros.
Los acusados son cinco ex militares, a nivel de generales y coroneles. Un sexto presunto autor de los delitos ya falleció. Otros tres permanecen prófugos pero se conoce su ubicación y se espera su extradición.
Se tiene previsto que esta audiencia de juicio dure al menos dos semanas, para escuchar todos los testimonios, los más de diez peritajes y evacuar todos los documentos probatorios.
HECHOS
El 10 de noviembre de 1985 Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín fueron detenidos por efectivos militares mientras esperaban instrucciones para llegar a la Tercera Conferencia de ‘Alfaro Vive Carajo’. La detención, en la que no medió orden de autoridad competente, tuvo lugar mientras tomaban un refresco en un restaurante del parque infantil Roberto Luis Cervantes, de Esmeraldas. Susana tenía 21 años, Javier 27 y Luis 33. Ninguno de ellos estaba armado.
Los tres fueron trasladados al Batallón de Ingenieros BE67 Montúfar, en donde se los maltrató física y verbalmente, los maniataron, incomunicaron y encapucharon. Fueron interrogados en un cuarto oscuro con luces intensas que les apuntaban a la cara. El 11 de noviembre de 1985 el comandante del batallón Montúfar pidió al jefe del II Departamento de la Comandancia General del Ejército que ordene un «interrogatorio especial» por parte del Agrupamiento de Inteligencia Militar, en virtud de que las declaraciones receptadas no coincidían en nada.
Al día siguiente Cajas, Vaca y Jarrín fueron vendados y atados de pies y manos, para ser trasladados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar que funcionaba a las afueras de Quito, en la localidad de Conocoto, en las instalaciones del Batallón de Inteligencia Militar. En ese lugar fueron llevados al sótano de uno de los edificios y encerrados en celdas individuales en las que, por sus reducidas dimensiones, sólo podían permanecer acostados en el piso.
A partir de ese momento, según las versiones de las víctimas, los tres fueron constantemente torturados física y psicológicamente, se les aplicó electricidad en partes sensibles del cuerpo, fueron desgonzados, golpeados y se los mantuvo bajo chorros de agua helada por periodos prolongados. A Susana Cajas le aplicaron violencia sexual, se la forzó a permanecer desnuda y a ducharse frente a personal militar (todos de género masculino). Durante la noche iban a su celda a insultarla y a tocarla, al tiempo en que la obligaban a que ella les practique masturbación.
Hoy Susana Cajas es asambleísta alterna por Alianza País. Ella está dispuesta a contarle al país lo que vivió en esos días porque haber sido víctima de violaciones a sus Derechos Humanos no la avergüenza, cree que quienes cometieron esos delitos son los que deben avergonzarse. Además, ella está protegida por un estándar muy particular de la legislación ecuatoriana y de los tratados internacionales de Derechos Humanos, el cual prohíbe la revictimización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Las madres de Susana Cajas y Javier Jarrín enviaron el 25 de noviembre de 1985 una carta al presidente de la República, León Febres Cordero, así como a otras autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, pidiendo que se les informe sobre el paradero de sus hijos, el motivo de su detención y, principalmente, solicitando que conforme a Derecho se los presente ante los órganos competentes en caso de que exista alguna acusación sobre ellos. Las autoridades negaron tener información sobre Cajas y Jarrín.
Al cabo de dos semanas un vehículo militar abandonó a Susana Cajas y Javier Jarrín en una quebrada en Cumbayá (parroquia rural de Quito). Ellos recuerdan que en ese momento pensaron que en lugar de ser abandonados iban a ser ejecutados. Minutos después llegó el Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional (SIC) para detenerlos y trasladarlos al Centro de Detención Provisional de Pichincha. Ni Cajas ni Jarrín recibieron auxilio médico pese a los signos de tortura que presentaban en sus cuerpos. A Susana Cajas se la procesó por “falsificación de documentos”, causa de la cual fue absuelta por falta de pruebas. A Javier Jarrín no se le acusó de ningún delito.
La historia de Luis Vaca fue más difícil que la de sus compañeros pues permaneció en el Batallón de Inteligencia Militar por casi 3 años durante los cuales su familia no tuvo noticias de él. El gobierno ecuatoriano llegó a negarle a las Naciones Unidas y a su madre la existencia de Luis Vaca, para lo cual se eliminó la tarjeta índice de datos de él en los archivos del Registro Civil. Fue liberado en 1988 con la amenaza de no decir lo que le había sucedido, caso contrario habría “terribles consecuencias” para él y su familia. Extrañamente su hermano, que era cabo de transmisiones en el Ejército, fue asesinado -según la versión aportada por Vaca a la Comisión de la Verdad- una semana después de tener contacto con él, meses antes de la liberación.
DEMORA
Hoy, lunes 9 de noviembre, será la primera vez en 30 años en que Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín podrán contarle su historia a jueces ecuatorianos, en un proceso icónico en la historia jurídica del país. Esto sucede en virtud de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, siempre pueden ser objeto de investigación y sanción por parte de la Función Judicial. Pese al mandato de la Ley de Víctimas, el caso Cajas, Vaca y Jarrín llega con más de dos años de retraso ante la Corte Nacional, ya que conforme dispuso la Ley la audiencia de juicio debió instalarse en octubre del 2014.
CONCENTRACIONES
Por medio de las redes sociales el denominado ‘Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas’ ha calificado de “infame” la instalación de este proceso contra quienes “en la década de los 80 en fiel cumplimiento de su deber constitucional, lucharon contra la subversión y el terrorismo”, por cuando convoca a los soldados en servicio pasivo a una concentración a las 09h00en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a fin de movilizarse hasta las inmediaciones de la Corte Nacional.
Por su parte, los familiares de las víctimas de estas violaciones a los Derechos Humanos han decidido congregarse de modo pacífico a las afueras de la Corte.
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