Ecuador. martes 19 de septiembre de 2017
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La soberbia de las FFAA ante los crímenes de lesa humanidad

María Dolores Miño
Quito, Ecuador

Entre las pocas gestiones rescatables de la Función Judicial en los últimos años, está la de reactivar los procesos por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidos en nuestro país.

María Dolores Miño

Aunque estos sucesos son afortunadamente escasos, constituyen una herida abierta en las víctimas, los familiares y todo el país, pues la falta de investigación y sanción oportunas constituye una violación grave de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos. Resulta necesario que exista la voluntad judicial y política para esclarecer estos vergonzosos hechos, reparar integralmente a las víctimas, y evitar que se repitan en el futuro.


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Hace un año, la Corte Nacional de Justicia condenó a varios miembros de la Policía Nacional en el sonado caso “Gonzáles y otros” (antes conocido como de “las Dolores”). Después de once años de retardo judicial injustificado y una lucha incansable, las viudas de los ejecutados en el fallido operativo policial, vieron finalmente hacerse justicia mediante el reconocimiento estatal de las violaciones cometidas, y las sanciones a los perpetradores que actuaron al margen de la ley. En palabras de Dolores Vélez, una de las viudas, “no buscamos venganza, sino justicia”.

El próximo 9 de noviembre, la CNJ conocerá el caso, “Vaca, Cajas y Jarrín”, el primero sobre crímenes de lesa humanidad en Ecuador. En 1985, las presuntas víctimas, entonces militantes de Alfaro Vive Carajo, habrían sido ilegalmente privadas de libertad por miembros de las Fuerzas Armadas y trasladados a centros clandestinos de detención, donde habrían sido sometidos a torturas y abuso sexual. La gravedad de los hechos, y el tiempo excesivo que la justicia ha tardado en esclarecerlos, hacen que la próxima culminación del proceso sea visto con complacencia y esperanza por todos quienes creemos en la defensa y protección de los derechos humanos en el país.

Sorprende, por tanto, la posición de las Fuerzas Armadas al respecto. Públicamente han manifestado su rechazo por considerarlo una ofensa al honor de la institución y han justificado estos deplorables actos llamándolos mecanismos legítimos de lucha contra el terrorismo. Estos inaceptables argumentos dentro de un Estado de Derechos han dejado en evidencia que las FFAA son todavía bastante ignorantes en todo lo relativo a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, y la obligación ineludible que tiene el Ecuador de investigarlos y sancionarlos.

Lo que más espanto causa, es que en pleno 2015 nuestras FFAA emulen a la perfección el discurso de las dictaduras militares del Cono Sur, que no solo no negaban secuestrar, torturar y ejecutar a sus víctimas, sino que se enorgullecían de ello, al considerarse salvadores de la patria que la liberaban de “malos elementos”. Claramente, la filosofía castrense parece haberse quedado, para mal, en el siglo pasado.

Los procesos de crímenes de lesa humanidad no apuntan a hacer apología del terrorismo o la delincuencia. Apuntan al reconocimiento de la dignidad humana, y a rescatar el compromiso que tiene el Estado de garantizar los derechos a la integridad y debido proceso a todas las personas, aún aquellas que puedan haber quebrantado la ley. Esta suerte, que los señores Vaca, Cajas y Jarrín no tuvieron hace treinta años, la tendrán sus posibles captores y torturadores. Si efectivamente estas actuaciones se enmarcaron en la Constitución y la Ley, no tendrán nada que temer. De lo contrario, deberán saldar la deuda que tienen no solo con las víctimas, sino con la sociedad ecuatoriana en su totalidad.