Juan Pablo Albán: “Estamos dando a estos militares una oportunidad que mis defendidos no tuvieron”

Dr. Juan Pablo Albán, esperando la instalación de la audiencia del caso 'Cajas, Vaca y Jarrín', el pasado 9 de noviembre del 2015. Foto de Plan V.

Quito.- El pasado lunes 9 de noviembre, la jueza nacional Sylvia Sánchez suspendió la audiencia de juicio por Crímenes de Lesa Humanidad perpetuados presuntamente contra Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, ex miembros de ‘Alfaro Vive Carajo’.

Los acusados de este, que sería el primer proceso por ese tipo de delitos en la historia penal del Ecuador, son cinco ex militares que participaron en el combate de la subversión, durante el gobierno de León Febres Cordero.

En la acusación participa el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, como representante del pueblo de Ecuador, y el Dr. Juan Pablo Albán Alencastro como Acusador Particular y representante de las víctimas.

Albán ha sido un preeminente defensor de los Derechos Humanos. Fue abogado de la CIDH y litigó casos ante la Corte Interamericana. Actualmente es el director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito.

Entre los casos que ha defendido en los últimos tiempos está la acusación de linchamiento mediático que Sandra Correa interpuso contra el periodista Diego Oquendo, patrocinó a las tres mujeres que fueron detenidas y juzgadas en flagrancia por llamar “torturador” al Ministro del Interior. También defendió a Manuela Picq en el proceso de deportación que luego del último Paro Nacional se interpuso contra ella. Actualmente es uno de los abogados del periodista Roberto Aguilar en la diligencia preparatoria de confesión judicial que Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, solicitó en contra de él.

El pasado miércoles 11 de noviembre conversó con La República.EC sobre el caso ‘Cajas, Vaca y Jarrín’, a fin de comentar la suspensión de la audiencia y la posición institucional de las Fuerzas Armadas respecto de este juicio. Además, explicó la configuración jurídica del Crimen de Lesa Humanidad y algunos de los elementos probatorios con los que basa su acusación y su teoría del caso.

El viernes, Albán envió una carta al Jefe del Comando Conjunto, General Luis Anibal Garzón, con copia al presidente de la República, pidiéndole que expliqué en qué consiste la «postura institucional» a la que se refirió el Comandante del Ejército, el General Carlos Obando, durante la fallida audiencia. Esa misma mañana el presidente Rafael Correa llamó la atención, en duros términos, al alto mando militar por asistir a esa audiencia.

– ¿Usted pidió un peritaje médico respecto del acusado que alegó estar hospitalizado y que ocasionó la suspensión de la audiencia?

– Lo que yo consideré, y creo que la Fiscalía debe hacerlo, es que para garantizar la objetividad de la evaluación, tomando en cuenta que ya en cuatro ocasiones anteriores el Hospital Militar, cuyos médicos son parte de las Fuerzas Armadas, le ha otorgado certificados a este mismo procesado para que obtenga beneficios procesales, insinué que debía nombrarse peritos independientes para que le hagan una evaluación médica. En lo personal lo que he solicitado, efectivamente, es que se nos entregue una copia certificada no solamente del documento que se entregó y que nosotros no pudimos ver, sino también de la documentación médica de sustento de esa certificación y de la historia clínica del paciente para saber qué es lo que tiene, sabemos que se desmayó pero no sabemos porqué se desmayó ni tampoco cuando va a estar recuperado para poder iniciar el juicio.

– ¿La jueza Sylvia Sánchez pudo continuar la audiencia sin él?

– En mi opinión es lo que debía valorarse, no necesariamente lo que tenía que resolverse pero al menos la Corte debió discutir si cabía la continuación de la audiencia dada la presencia no solamente de los cuatro procesados y su defensa y del resto de partes procesales, sino particularmente de 66 de los 69 testigos convocados. Finalmente, aunque la audiencia de juicio –por principio de concentración- se lleva a cabo contra todos los imputados, el análisis de la materialidad de la infracción y de la responsabilidad es un análisis individualizado. Perfectamente podíamos empezar el juicio con los cuatro y suspendido el juicio respecto del quinto que quedaba, incluso, con una ventaja comparativa: no se le violaba su posibilidad de defensa, más bien él ya habría conocido los argumentos que yo y que Fiscalía íbamos a formular. A mí sinceramente me parece que la Corte por lo menos debió discutir esta posibilidad, por lo menos.

– ¿Debió la jueza Silvia Sánchez, por principio de contradicción, preguntar a Fiscalía y a la Acusación Particular su opinión y demostrarles el certificado médico?

– Debía ponernos a la vista el documento y debía consultarnos nuestro punto de vista tomando en cuenta que la constitución de la República como la Ley Procesal Penal, tanto en el Código de Procedimiento Penal vigente anteriormente como en el COIP, consagran el principio de contradicción, el cual no se respetó en este caso.

– ¿A qué se debió esa omisión?

– Yo observé demasiado apuro, voy a suponer que ha sido un error de buena fe. Pero cuando miramos en contexto, más allá de que haya sido un error de buena fe, termina por colaborar con la posición de estos señores que es que el juicio no se lleve a cabo. Esta misma juez es la magistrada que no nos quiso antes instalar el juicio con el argumento, primero, de que recién han pasado seis meses desde que esos jueces se hicieron cargo de la causa y, luego, diciendo que es una cuestión muy compleja que tienen que estudiar, cuando la Ley expresamente dice que los jueces no deben contaminarse y recién tomarían contacto con las actuaciones del proceso a partir de la celebración del juicio. Yo tengo suspicacias en cuanto a la actuación de la juez, no puedo afirmar nada porque no tengo evidencia de nada, pero si creo que ya no estamos dentro de un criterio de plazo razonable en la duración de este proceso, porque estamos esperando la audiencia de juicio desde hace 14 meses

– ¿La violación del plazo razonable qué podría implicar?

– Tal vez bajo las normas vigentes todavía del Procedimiento Civil, que son supletorias en materia penal, lo que sí tenemos es una causal de recusación por no haber despachado en el triple del tiempo. Yo reitero, sí tengo suspicacias sobre los motivos hay detrás de una suspensión tan apurada de la audiencia cuando debía seguirse ciertos criterios legales, empezando por el traslado del documento a las partes, el ejercicio de la contradicción, la deliberación con los colegas de panel. ¿Por qué no se instaló la audiencia respecto de los acusados que estaban presentes? Insisto, yo voy a suponer que esto es un error de buena fe, quiero pensar que la justicia va a actuar de manera independiente e imparcial, pero cuando le ponemos el condimento de las botas y medallas presentes en la sala a mí me queda un mal sabor de boca, me queda esta sensación de que se dejaron presionar, tuvieron miedo y no quisieron llevar adelante el juicio.

– ¿Piensa que el miedo que menciona también llegó a la Fiscalía?

 Lo dudo, por las declaraciones que el señor Fiscal General ha realizado a varios medios en el sentido de que cuando el General Garzón, jefe del Comando Conjunto, se le ha acercado a exigirle explicaciones sobre la existencia de este proceso el Fiscal ha reaccionado de manera fuerte diciéndole que no tiene porqué ofrecerle explicaciones a las Fuerzas Armadas y más bien si le interesa el tema que venga a informarse en la audiencia. Eso denota que el Fiscal por el momento no se siente presionado. Ahora, no soy ingenuo tampoco, yo entiendo bien que obviamente es imposible excluir el elemento político de una causa de esta naturaleza, pero lo que yo sí quiero pedirles a los operadores de justicia, tanto a la Fiscalía como a la propia Corte Nacional, es que más allá del condimento político nos concentremos nosotros en los aspectos técnicos de esta cuestión. Para eso es este ejercicio: si permitimos que se politice el caso, se desnaturaliza lo que queremos hacer.

– ¿Quién politiza el proceso?

– Se me está acusando a mí, cuando en realidad son los militares quienes lo han politizado no hoy sino desde hace más de un año, recorriendo distintos medios para descalificar el esfuerzo, escribiendo un capitulo entero de un libro, visitando a los asambleístas. No debemos permitir, efectivamente, que se politice y no debemos permitir que los militares se salgan con la suya en ese esfuerzo por politizarlo.

ECUADOR, QUITO (09 -11-2015).- Audiencia de Juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del Ecuador, para el caso "Vaca, Cajas, Jarrin" en la Corte Nacional de Justicia. FOTOS API / JUAN CEVALLOS ECUADOR, QUITO (09 -11-2015) .- trial hearing for crimes against humanity, the first in the judicial history of Ecuador, in the case "Vaca, Cajas, Jarrin" at the National Court. PHOTOS API / JUAN CEVALLOS.
ECUADOR, QUITO (09 -11-2015).- Audiencia de Juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del Ecuador, para el caso «Vaca, Cajas, Jarrin» en la Corte Nacional de Justicia. FOTOS API / JUAN CEVALLOS
ECUADOR, QUITO (09 -11-2015) .- trial hearing for crimes against humanity, the first in the judicial history of Ecuador, in the case «Vaca, Cajas, Jarrin» at the National Court. PHOTOS API / JUAN CEVALLOS.

– Si las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, ¿debieron pedirle permiso a su comandante en jefe, el presidente de la República, para asistir a la audiencia?

– Para mí, sobre la presencia de estos oficiales hay dos lecturas posibles, ambas extremadamente peligrosas. La primera es que efectivamente en esa estructura vertical los militares son obedientes y no deliberantes y para poder presentarse el ministro de Defensa tendría que haber estado en conocimiento y haber autorizado y hasta el momento no tenemos un pronunciamiento del Ejecutivo de que hayan tenido conocimiento y autorizado. Si esa autorización hubo sería gravísimo porque significa que el Poder Ejecutivo estaría deslegitimando lo que hace el Poder Judicial. Los militares dicen que fueron a la audiencia para defender una postura institucional, que no nos dicen en qué consiste. Ahora bien, sí hay una postura institucional el comandante en jefe no es ninguno de ellos sino el presidente de la República, significaría que el Jefe de Estado habría adoptado una postura institucional con esto, lo que es gravísimo. La otra lectura posible es que no pidieron permiso, no conocía el Ministro de Defensa y ello implica que están desafiando al Ejecutivo, están desconociendo a su comandante en jefe y eso es todavía más grave.

– ¿Cómo entender las opiniones de respaldo a la presencia de las Fuerzas Armadas en la audiencia?

– En el nivel de polarización política que tenemos ahora, este desafío de los militares es lo que auspicia que individuos como el señor Guillermo Lasso salga a hacer declaraciones que vamos a tildar, por ahora, de desatinadas –aunque me dan ganas de tildarlas de otra forma- respaldando una postura institucional que esencialmente consiste en que todo vale en la lucha antisubversiva: torturar, violar, matar, desaparecer. Creo que la figura política de Guillermo Lasso la acaba de derrumbar él mismo, cuando le dice a la sociedad ecuatoriana que él acepta este tipo de conductas. Entonces, si él llegara a ser presidente, ¿qué es lo que podemos esperar?

– ¿Es la memoria histórica lo que está en juego en este proceso?

– Bueno precisamente las medidas de memoria son las que pueden asegurar que en el futuro no se repitan actos similares. La memoria es un mecanismo de prevención de futuras violaciones porque una sociedad que está informada de la mala conducta anterior de sus funcionarios y agentes, es una sociedad dispuesta a impedir que las atrocidades se repitan. Pero además, yo creo que es importante para romper este imaginario colectivo de que nuestras Fuerzas Armadas son una especie de ángeles y quienes estuvieron involucrados en actividades subversivas son organizaciones extremadamente peligrosas e individuos extremadamente peligrosos. Esta percepción proviene justamente del discurso castrense. Un discurso que a esta altura ya no se justifica: la totalidad del agrupamiento Alfaro Vive Carajo eran menos de 200 personas, el Ecuador era un Estado, en esa época, de ocho millones de habitantes, con un gobierno de mano dura como era el de León Febres Cordero y con unas Fuerzas Armadas que por nuestro conflicto con el Perú ascendían a varias decenas de miles de miembros. No constituían una amenaza real.

– Si bien es cierto que no llegaron a constituir una amenaza real, son personas que se alzaron en armas y se levantaron contra la democracia.

– Lo que había era la continuación de un plan regional para aniquilar ciertas ideologías. En todo caso, si esas ideologías ponían en riesgo la democracia: no era admisible cualquier método. Los métodos debieron ser los regulares: aprehender a estas personas, llevarlas a juicio y condenarlas para que reciban el castigo que merecían. Detenerles ilegalmente, torturarles, violarles, matarles, desaparecerles, hasta negar su existencia como ocurrió en el caso de Luis Vaca, no es admisible. A la madre que lo dio a luz le dijo el Gobierno y las Fuerzas Armadas que Luis Vaca no existe. Yo no me opongo a la lucha antidelincuencial, creo que es importante. A lo que me opongo es a los métodos de lucha antidelincuencial que violan los Derechos Humanos.

– Entonces, ¿la memoria histórica debe también recordar los crímenes de AVC?

– Sin duda actuaron contra la Ley, sin duda debían ser juzgadas, sin duda debían recibir castigo por sus delitos, que no son menores: estamos hablando de muerte de personas, secuestros, asaltos de bancos, robo de armamentos. No es cualquier conducta, son conductas peligrosas que merecen un castigo, pero el problema es que el que esas conductas merecieran un castigo no justifica lo que se les hizo. Había que llevarles a proceso, no torturarles. Por lo demás, creo que hay una preocupación muy seria a nivel de nuestra sociedad sobre el adelanto de este juicio precisamente porque mis tres defendidos son ex miembros de ‘Alfaro Vive Carajo’, pero son curiosamente tres ex miembros que dos de ellos sí fueron procesados y fueron absueltos porque el Estado no tuvo la prueba de que habían participado en alguno de estos gravísimos delitos que seguramente AVC sí ha cometido. Eso no lo estoy discutiendo porque tampoco soy ingenuo en ese sentido. Se alzaron en armas y cometieron delitos, claro que sí, pero insisto: dos de mis defendidos fueron absueltos de estas imputaciones luego de estar el uno desaparecido tres años y luego procesado varios años más y la otra desaparecida quince días y en cárcel dos años. El tercero jamás fue imputado de nada ni siquiera lograron reunir los elementos para acusarle de esos hechos. Les estamos dando a estos militares una oportunidad que mis defendidos no tuvieron: un debido proceso, sin presiones ni violación de sus derechos.

ECUADOR, QUITO (09 -11-2015).- Audiencia de Juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del Ecuador, para el caso "Vaca, Cajas, Jarrin" en la Corte Nacional de Justicia. En la foto (I) Susana Cajas y Francisco Jarrin FOTOS API / JUAN CEVALLOS. ECUADOR, QUITO (09 -11-2015) .- trial hearing for crimes against humanity, the first in the judicial history of Ecuador, in the case "Vaca, Cajas, Jarrin" at the National Court. In the picture (I) Susana Cajas and Francisco Jarrin PHOTOS API / JUAN CEVALLOS.
ECUADOR, QUITO (09 -11-2015).- Audiencia de Juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del Ecuador, para el caso «Vaca, Cajas, Jarrin» en la Corte Nacional de Justicia. En la foto (I) Susana Cajas y Francisco Jarrin FOTOS API / JUAN CEVALLOS.
ECUADOR, QUITO (09 -11-2015) .- trial hearing for crimes against humanity, the first in the judicial history of Ecuador, in the case «Vaca, Cajas, Jarrin» at the National Court. In the picture (I) Susana Cajas and Francisco Jarrin PHOTOS API / JUAN CEVALLOS.

– Después de treinta años, ¿cuáles son los elementos que la Acusación Particular va a utilizar para probar que hubo torturas, violencia sexual y desaparición forzada?

– Lo primero que vamos a utilizar es documentación de las propias Fuerzas Armadas, entregada curiosamente por uno de los imputados, que comandó el Agrupamiento Escuela de Defensa Militar y que cuando se retiró de su cargo se llevó varios documentos originales y los entregó después a la Fiscalía. Él mismo ha facilitado establecer que la estructura existía, cómo se dividían las responsabilidades, qué recursos tenían asignados, etcétera. Hay testimonios de oficiales de la época, hoy en servicio pasivo, que pasaron por el Agrupamiento Escuela de Defensa Militar, por Contrainteligencia Quito, por la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército, y también han colaborado con información relevante sobre cómo operaba esta estructura de perpetración de crímenes. Nosotros tenemos, además, evaluaciones médicas y psicológicas de las víctimas que evidencian todavía secuelas de los actos que fueron cometidos en su contra. Tenemos el testimonio de otras personas que pasaron por el Agrupamiento Escuela de Defensa Militar que fueron sometidos a los mismos procedimientos, de hecho, entre ellos hay miembros de las propias Fuerzas Armadas, como los comandos de Taura y como un sargento del Ejército, cuyo nombre no revelaré en este momento por razones de seguridad, que fue torturado en esas mismas instalaciones por sus compañeros. La evidencia que tenemos ya no es una material, precisamente porque han pasado 30 años, tenemos una evidencia documental, una evidencia testimonial y una evidencia pericial bastante sólida, sin embargo, lo digo ahora y lo he dicho varias veces: a pesar de que hay unas graves presunciones de responsabilidad de estas personas, por mis convicciones como defensor de Derechos Humanos, no puedo afirmar que son culpables.

– Son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

– Lo que tengo son presunciones, para eso es el juicio: ese juicio que se está tratando de sabotear es justamente para que se produzca la prueba y ver si son o no responsables. ¿Por qué no permitir que este ejercicio se haga si finalmente pueden ser declarados inocentes? Yo en lo personal no estoy dispuesto a acusar a un inocente porque para mí todo el esfuerzo que se ha hecho hasta aquí, se nos iría al piso si pongo en la cárcel a un inocente. Les estamos dando a estos militares una oportunidad que mis defendidos no tuvieron: un debido proceso, sin presiones ni violación de sus derechos.

– ¿Por qué usted, como Acusador Particular, concluye que se configuró un Crimen de Lesa Humanidad y no crimen de la categoría de Graves Violaciones a los Derechos Humanos?

– Estas conductas que se acusan en este proceso no ocurrieron en el vacío, se enmarcan en un proceso de ataque sistemático contra la población civil y lo aclaro: había un plan específico, dentro de ese plan había asignación de responsabilidades, dentro de esa asignación de responsabilidades había una asignación de recursos, había seudónimos que utilizaban para sus comunicaciones, había criterios operativos incluso para la construcción de las celdas que provienen del Manual Kubark de la CIA de la década de los sesentas, hay evidencia suficiente de que existía un plan previo y esto implica una sistematicidad en la comisión de las conductas, no así una generalidad, pero para que haya Crimen de Lesa Humanidad se requiere lo uno o lo otro. Al haber ataque sistemático contra la población civil, ya estamos ante un crimen de Lesa Humanidad. Ahora, se me dirá que no era población civil pues estaban alzados en armas. Analicemos esta cuestión. El Estado ecuatoriano en esa época nunca reconoció la existencia de un conflicto armado interno, en consecuencia el Derecho Humanitario no se estaba aplicando y la noción de población civil proviene del Derecho Humanitario. Pero bueno, estaban alzados en armas, eso no es un tema en discusión y ellos no lo niegan. Pero es civil todo aquel que no está combatiendo sea porque nunca estuvo combatiendo, sea porque ya no combate ya que ha sido aprehendido, esta última también es persona protegida que es parte de la sociedad civil. El instante en que la patrulla del Batallón Montufar, en la ciudad de Esmeraldas, aprehendió a estas tres personas que no estaban combatiendo, quienes por cierto no portaban armas (llevaban cantimploras, hamacas y mudas de ropa), pasaron a ser población civil. Desde ese instante, la tortura, la violencia sexual y la desaparición era un ataque contra la población civil y enmarcado en este plan, es ataque sistemático y por ende es Crimen de Lesa Humanidad.

– Pero los militares en servicio pasivo que protestaron a las afueras de la Corte Nacional el lunes niegan que se cometieron Crímenes de Lesa Humanidad en el Ecuador.

– El hecho de que las violaciones graves a Derechos Humanos en el Ecuador hayan sido en menor escala que en otros países, no significa que no hayan ocurrido. La razón por la cual la figura de los Crímenes de Lesa contempla dos modalidades es precisamente porque frente a los crímenes que desconocen la condición de ser humano o que hieren la dignidad misma de la humanidad, son los mismos haya uno, haya mil o haya cien mil víctimas. Es exactamente el mismo crimen, técnica y jurídicamente. Desde el punto de vista coloquial podemos asombrarnos y decir que no somos como los nazis, que no somos como la dictadura de Videla, pero desde el punto de vista jurídico esto tiene un nomen iuris y ese nomen iuris es Crimen de Lesa Humanidad. No comparto el calificativo de “gloriosas” a las Fuerzas Armadas precisamente porque casos como este las manchan, pero yo no discuto que los militares del Ecuador tienen sus importantes proezas. Sin embargo, como seres humanos que son no son perfectos. De ahí esta invitación que le ha hecho el Fiscal al jefe del Comando Conjunto a reconocer las faltas y pedir perdón, que yo creo que es lo que corresponde a los hombres de honor. Ellos todo el tiempo nos hablan de su honor, ellos tiene un montón de honor, todo el que nos falta a nosotros les ha tocado a ellos, pero lo propio de los hombres de honor es reconocer cuando se ha cometido una falta, cuando se ha incurrido en una injusticia y aceptar las consecuencias del error.

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