El presidente Rafael Correa anunció que se estudian alternativas para reducir el número de personas detenidas por faltar a su obligación de pagar alimentos a sus hijos. Dijo que a noviembre de 2015 se registraron 182.640 juicios por pagos de alimentos y que al día de hoy existen 821 personas en prisión por alimentos.
«¿Qué estamos buscando: justicia o venganza? Meter preso al tipo que de buena o mala fe no pudo pagar alimentos a sus hijos. Si ya no encontró empleo, ya no lo va a encontrar nunca», ha argumentado.
«Y es una carga al Estado: nos cuesta quince dólares diarios cada privado de la libertad. El pierde su libertad y el niño no va a tener alimentos. Es el peor de los mundos: eso es lo que hay que evitar. Pero la primera instancia que algunas personas buscan es meter preso a quien no tuvo dinero para alimentar a sus hijos. Si es de mala fe, bienhechito que se vaya preso. Pero la inmensa mayoría no puede pagar de buena fe, perdió su trabajo, etcétera... ¿Qué buscamos, justicia, solucionar un problema, o venganza? Pero cuidado, hay muchas dirigentes, especialmente feministas, que dicen que todo hombre es un enemigo y hay que meterlo preso», ha reflexionado.
Correa dijo que en meses anteriores se envió a la Asamblea Nacional una propuesta para que las personas que tienen prisión por alimentos puedan dormir en prisión, pero durante el día puedan salir a buscar un empleo para mantener a sus hijos. Sin embargo esa intención fue rechazada en la Asamblea por la Mesa de Justicia.
«No lo entiendo. No me enteré. Algo de liderazgo político tengo y hubiera podido sacar adelante esa iniciativa. No lo entiendo. ¿Qué buscamos? Meter a la cárcel a una persona por venganza o solucionar un problema?», dijo Correa, quien mencionó otras dos alternativas.
La primera sería que las personas que están pagando prisión por alimentos usen brazaletes de monitoreo para que puedan buscar empleo sin dejar de ser vigilados por las autoridades.
El presidente anunció que esa es una alternativa, permitida por el Código Integral Penal: la de utilizar brazaletes para permitir salir de prisión a personas condenadas pero de baja peligrosidad. «Así esa persona deja de ser una carga para el Estado, y se le permite que salga de la cárcel y pueda trabajar y alimentar a sus hijos», dijo.
Una segunda opción es que el Estado asuma el pago de las pensiones alimenticias y que el condenado por alimentos trabaje temporalmente para el Estado en empleos de baja remuneración. Este medida se la implementaría hasta que el involucrado pueda conseguir un trabajo estable.
«Nos sale más caro tener una persona presa porque no puede pagar pensiones alimenticias. Quince dólares diarios. La pensión promedio está en cinco dólares diarios. ¡Nos cuesta tres veces más tenerlo preso que lo que tiene que pagar! Uno de los problemas que tenemos es la falta de capacidad de los políticos que presentan las peores soluciones a los problemas: mételo preso, el tipo no podrá encontrar trabajo, le cuesta al Estado y el chico se queda sin alimentos! El peor de los mundos.»
«¡Ahh! ¡Entonces todo el mundo va a dejar de pagar para que el Estado le dé un trabajo! Noo, porque va a ser un trabajo de baja remuneración», alegó
En el caso de desarrollarse esta segunda propuesta el Estado debería invertir $ 4,5 millones anuales.
La prisión por alimentos existe en Ecuador desde la Constitución de 1946 y fue ratificada en la de Montecristi. En 2009, la mayoría oficialista de PAIS reformó el Código de la Niñez y extendió la prisión por alimentos, no solo a los padres, sino a los abuelos y tíos de los niños, en subrogación de los padres.
En mayo de 2015, la mayoría oficialista de PAIS derogó (mediante la expedición de un Código General de Procesos) la prisión de alimentos a los abuelos o tíos de los menores, pero la mantuvo para los padres. (I)