Indra Sistemas es una multinacional española que mantiene proyectos en 140 países y tiene oficinas en 60. Desarrolla soluciones tecnológicas en varios sectores: transporte, energía, salud, finanzas, seguridad, telecomunicaciones.
Hoy enfrenta un problema legal en Ecuador: una glosa de la Contraloría que asciende a $ 23,7 millones, el valor del contrato que firmó con el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) durante la Emergencia Judicial, para implementar el software Justicia 2.0.
Según informa Diario El Universo, la compañía ya solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo que declare la nulidad e ilegalidad de esa sanción. Y se dispone a agotar las instancias nacionales e, incluso, plantea una demanda internacional.
«Convencidos como estamos de que tenemos la razón, (…) iremos a las instancias internacionales que nos aseguren el debido proceso», anunció Emilio Puñet Terrado, director de Desarrollo de Negocios para el Sector Público en Ecuador de esa firma.
Según la glosa de la Contraloría, hubo cinco irregularidades: 133 deficiencias sin resolver en áreas como digitalización de documentos, carga masiva de información, publicación en la web, entre otras; falta de servicios como la pasarela de pago bancario y la plataforma de mensajes SMS; limitaciones en la licencia del software; construcción del sistema sin un modelo de gestión aprobado; y el desaprovechamiento de las potencialidades de las herramientas Workflow y BPM.
Luego de la entrega-recepción del servicio, Indra puso en marcha un piloto en Santa Elena, a mediados del 2013.
Según Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, ese piloto permitió ver algunas fallas. A eso se sumaron las observaciones preliminares que hacía Contraloría en su examen. Por esa razón, la Judicatura pidió a la empresa, por vía judicial, que repare el sistema.
Indra se negó y la Judicatura decidió descartar Justicia 2.0 y repotenciar el sistema antiguo llamado Satje. Los técnicos de la institución se encargaron de este trabajo.
No obstante, Alvear acepta que los equipos entregados por Indra sí están en uso. Su valor bordea los $ 10 millones, afirmó el funcionario.
Ahora, la Judicatura espera la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo para, si se confirma la glosa, demandar por daños y perjuicios a la firma.
Puñet, en cambio, argumenta que Indra sí cumplió el contrato y que, en la recepción del mismo, el actual Consejo de la Judicatura no puso objeciones.
El directivo dio respuesta a las cinco observaciones de la Contraloría. Sostuvo que todas las incidencias fueron resueltas hasta el momento en que Indra abandonó el piloto de Santa Elena, a inicios del 2014. Y agregó que hay una garantía de dos años para resolver esas posibles fallas.
Sus demás argumentos fueron: que el sistema estaba listo para poner en marcha la pasarela de pago bancario y los mensajes SMS, pero la Judicatura debía comprar esos servicios para conectarlos al software; que la licencia de Justicia 2.0 pertenece a la Judicatura y que cedieron los derechos del sistema Seinsir, que es el software base creado por Indra; que el sistema se desarrolló con modelos de gestión elaborados por la CJT y no tuvieron observaciones al respecto; y que se diseñaron flujos de procesos en el Workflow y el BPM que pueden ser modificados para adaptarlos a nuevas legislaciones.
Puñet advirtió: «Siempre desde el respeto, pero vamos a defender nuestros derechos». [I]