Ecuador, viernes 25 de mayo de 2018

Jueza dicta llamado a juicio a Ramiro González

El exministro de Industrias Ramiro González, el 15 de marzo de 2015. API/Juan Cevallos

Paola Campaña, jueza de Garantías Penales, dictó auto de llamamiento a juicio a Ramiro González, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por presunto delito de tráfico de influencias.


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La tarde de este jueves se reinstaló la audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio en contra del exfuncionario y de otras siete personas.

José Maldonado, fiscal de Delitos Tributarios, presentó alrededor de 80 elementos de convicción, entre ellos el informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal al contrato entre el IESS y la empresa SuperClean para la limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo.

También se presentaron documentos que señalaron que el contrato de $ 2,9 millones no cumplió con los requisitos de la adjudicación.

De acuerdo a las investigaciones, Ramiro González habría presionado para que se realizara la adjudicación de dichos trabajos a pesar de que no se cumplió el proceso de planificación y se habría detectado falta de verificación del presupuesto.

No obstante, Campaña advirtió que el proceso se suspende para el expresidente del Directorio ya que se encuentra en calidad de prófugo.

La magistrada también llamó a juicio a Carlos Virgilio C. T., Bolívar Raúl B. G. y a Wilmer Paúl V. A., quienes se desempeñaron como miembros de la Comisión Técnica de Contratación de servicios. Por otro lado, la magistrada sobreseyó y ordenó el levantamiento de medidas cautelares para María Vanessa D. C.; Raúl Andrés N. G.; Pablo José S. T. y Fernando Heriberto G. C., quienes integraron la subcomisión de contrato.

La jueza explicó que ellos fueron delegados para ciertas funciones y por lo tanto no hubo “dominio del acto”.

Al final de la audiencia, José Rivas, abogado de Ramiro González, no quiso dar declaraciones.

El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años. Ramiro González también es investigado por defraudación tributaria, desde el 18 de agosto de 2017.

  • Fuente El Telégrafo

(I)