Más de 200 personas han fallecido en las últimas dos semanas en la península de Santa Elena, sin que se sepa si los casos están relacionados con la pandemia de coronavirus.
La mayor parte de los decesos se debieron a paros respiratorios o síntomas compatibles con el coronavirus SARS-CoV-2, lo que ha llevado a los habitantes de localidades como Colonche, Manglaralto y Chanduy, a pedir la intervención de las autoridades.
La provincia de Santa Elena, en el litoral ecuatoriano y uno de sus principales centros turísticos, registraba oficialmente este martes 78 contagios del virus, mientras el cantón del mismo nombre suma 32 positivos distribuidos en sus seis parroquias rurales.
Este martes Ecuador reportó a escala nacional 369 fallecidos oficiales y 436 probables, así como 7.603 positivos, de acuerdo a los datos del Gobierno.
Las cifras de decesos reportadas por los dirigentes locales es muy superior, aseguran, a las habituales.
El presidente del Gobierno parroquial de Manglaralto, Walter Yagual, indicó a Efe que los decesos por la pandemia podrían ser más, al no haber sido sometidos a pruebas diagnósticas y confirmó que en los últimos días se registra un aumento de fallecidos, algo inusual en la tranquila península, destino vacacional de muchos ecuatorianos por sus playas y balnearios.
#COVID19 | El dolor y la incertidumbre se han apoderado de decenas de familias en la provincia de #SantaElena. pic.twitter.com/m2yH64F2YI
— Ecuavisa (@ecuavisa) April 13, 2020
«Las autoridades del (Comité de Operaciones de Emergencia) COE provincial no tienen un plan de acción para que estas pruebas vengan o para conocer las causas de los fallecimientos. La mayoría de decesos son de personas mayores con síntomas del COVID-19», afirmó Yagual.
En Manglaralto se contabilizan 72 muertos en las últimas semanas, y hay casos de varios fenecidos en la misma familia por causas respiratorias, explicó el responsable parroquial.
«Necesitamos detectar los posibles casos, pues los familiares de los muertos podrían padecer la enfermedad», indicó antes de hacer un llamamiento al «Gobierno nacional para que atienda a Santa Elena, porque aquí el caso es grave».
La parroquia tiene 35.000 habitantes, de los cuales solo uno tiene coronavirus, según las cifras oficiales, lo que no parece convencer a Yagual, para quien «deben haber más contagios».
«Necesitamos respaldo militar porque hay mucha gente que no acata las medidas, todavía se reúnen en los barrios. Además, se deberían hacer más pruebas y cercos epidemiológicos», añadió.
La situación se repite en la parroquia Colonche, donde se registra un caso de COVID-19, aunque ya hay comuneros con sintomatología de la enfermedad pero no son revisados y tampoco hay médicos porque los ambulatorios de salud están cerrados.
«Los subcentros del Ministerio de Salud, como del Seguro Social Campesino, no atienden pues los médicos han sido asignados a otras casas de salud y otros cumplen cuarentena por posible contagio» mencionó el presidente del Gobierno parroquial, Tomás Villao.
Colonche reúne 18 comunas y los médicos rurales no solo atienden a los posibles afectados por el coronavirus, sino al resto de la población enferma, que ya empieza a experimentar la falta de medicinas.
«Aquí no existen cadenas grandes de farmacias, solo pequeñas boticas de los propios comuneros y ya no tienen» aclara el intendente en declaraciones a Efe.
En este sector fallecieron 63 personas sin diagnóstico y sus familiares indican que no se les realizaron autopsias ni pruebas del SARS-CoV-2, lo que aumenta la inquietud ciudadana sobre la posible propagación de la enfermedad.
«Al momento necesitamos que se realicen exámenes y se establezcan cercos epidemiológicos como indica el protocolo», aseguró la autoridad parroquial.
El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Chanduy, Juanito Apolinario, se suma a la preocupación al contabilizar 70 muertos en los últimos «quince días» sin que se conozca un diagnóstico específico, cuando lo normal serían uno o dos al mes.
«Nos dicen que mueren por paro cardíaco o respiratorio», asevera el representante de una comunidad con catorce comunas a la que tampoco han llegado pruebas y solo dispone de tres agentes policiales para mantener el orden.
Ante esta situación, Apolinario pide «el resguardo de las Fuerzas Armadas y cerrar las entradas porque cada día estamos más preocupados».
Un panorama que se repite en esta península, donde la población hace caso omiso a las directrices de seguridad y sigue reuniéndose, donde escasea la atención médica y las pruebas de COVID-19 destacan por su ausencia, así como los protocolos para enterrar a los fallecidos. EFE