El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, ha vinculado a Sandra Arcos, la viuda del Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; a Javier Vélez Arcos, hijo de ella; y Lizbeth Moyano Carbo, encargada de Compras Públicas en la Prefectura, al proceso por el delito de tráfico de influencias.
A los tres se los investiga por supuestas irregularidades en contrataciones realizadas por la Prefectura del Guayas. Arcos está prófuga, al igual que dos hijos de ella, Javier y Marcelo Vélez Arcos, a quienes el Prefecto Morales pidió, el 2 de junio, que sean investigados por la Fiscalía.
«No es una decisión fácil para mi, pero Guayas es primero», dijo entonces.
Javier Vélez Arcos, uno de los hijos de Sandra Arcos, segunda esposa de Morales, se presentaba en redes sociales como asesor de la Prefectura del Guayas. El otro hijastro de la pareja se llama Marcelo Vélez Arcos. Contra él no existen cargos.
Según la Fiscalía, se han determinado naparentes irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para la detección del Covid-19, con presunto sobreprecio. Los contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo de la Provincia del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el entonces Prefecto, quien murió de un infarto el 20 de junio.
Algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas y otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados en las instituciones que controlan sus actividades.
Sandra Arcos y Javier Vélez Arcos serían propietarios y accionistas de las empresas contratantes, mientras que Lizbeth Moyano Carbo fue la funcionaria de la Prefectura encargada de la Coordinación Provincial de Compras Públicas.
El presidente de la Corte, Alfonso Ordeñana, además de la prisión preventiva emitida contra los tres investigados, acogió el pedido de medidas cautelares reales solicitadas por Fiscalía y dispuso la enajenación de bienes inmuebles y vehículos, la retención de dinero en el sistema financiero bancario nacional, en cuentas de ahorros, corrientes, depósitos a plazo e inversiones.
También dispuso la ampliación de la instrucción fiscal a 120 días.
Los tres procesados aún no han sido detenidos.