Opinión

La declaración del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el 7 de marzo pasado expresó «solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela», es sin duda una muestra de que socialismo del siglo XXI controla el voto de la mayoría de los estados miembros de la OEA quienes han buscado ayudar al dictador venezolano evitando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Habrá muchos que quizás no lo sepan, pero todos los ecuatorianos somos accionistas. Se estarán preguntando de qué: pues de las empresas estatales. Pero ¿Qué significa ser accionista? Significa ser dueño de una empresa, con todas las atribuciones y responsabilidades que ello implica, entre las que están: elegir a quien gestiona la empresa, aprobar la estrategia de la compañía, recibir información regularmente sobre el desempeño de la misma, y participar en cualquier decisión importante de una entidad.

Más allá del descuelgue al funcionario del IESS al que hoy se ningunea por haber dicho que la resolución 464 obliga a afiliarse a todos los profesionales y trabajadores autónomos, la clara enseñanza de este affaire es que no hay que guiarse por declaraciones de funcionarios para entender el alcance de las normas legales o reglamentarias. Las palabras se las lleva el viento, dice un manido lugar común.

Hace unos días leí un artículo de Gabriel Palma, académico de la escuela de economía de la Universidad de Cambridge, especializado en teoría del desarrollo económico, acerca de las diferencias de los modelos de los países del Este Asiático y América Latina. Palma es un chileno que lleva trabajando cuatro décadas en Cambridge, como consecuencia de una capacidad analítica reconocida por gente de la talla del ganador del Nobel, Joseph Stiglitz, y por el pasaje de ida sin retorno a su país que le dio la dictadura pinochetista.