Opinión

Cuando el 10 de septiembre de 2012, Hugo Chávez como presiente de Venezuela por intermedio de su ministro de relaciones exteriores Nicolás Maduro, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que el dictador venezolano estaba reflejando era la cada vez mas fuerte presión de una larga lista de casos de violaciones a los derechos humanos que él y su gobierno habían cometido contra opositores, políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y ciudadanos venezolanos.  Muchas denuncias se tramitaban, algunas habían sido probadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pasado a competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existían ya sentencias que no querían cumplir.

¿Por qué una herida puede mantenerse abierta por cuatro décadas? ¿Por qué el dolor continúa, las fracturas se hacen evidentes y la verdad definitiva sigue siendo un camino a la vez sinuoso e interminable? El recuerdo del golpe militar que derrocó y provocó la muerte de Salvador Allende e inauguró una dictadura que se caracterizó por una combinación entre flagrantes violaciones a los derechos humanos, impronta liberal en lo económico y cambios constitucionales e institucionales que perduran hasta nuestros días, significa enfrentarse nuevamente con el evento más traumático y decisivo de la historia reciente de Chile.

Regresemos a la noche del 15 de abril del 2012. Danilo Carrera, aún en su cargo de presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), citó a los miembros de las 43 federaciones deportivas ecuatorianas a una reunión de emergencia. A penas unas horas antes de la convocatoria, en Moscú, la ACON, Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, anunciaba que el Ecuador estaba siendo sancionado de su participación en los Juegos Olímpico de Londres 2012. ¿El motivo? El 3 de mayor del 2012, Galecio Luna, quien ejercía de magistrado principal del Juzgado XXIV de Garantías Penales, falló a favor del Ministerio del Deporte, presidido por José Francisco Cevallos, dando luz verde para que la cartera del estado ingrese ‘interventores’ en las federación deportivas.

En Argentina, el kirchnerismo acaba de denunciar una conspiración para destituir a la presidenta Cristina Fernández. Acusa a grupos políticos opositores, empresarios y medios de ser parte de un complot para dar un golpe de Estado el día 8 de noviembre.

El proyecto de reformas a la Ley de Mercado de Valores intenta simplificar el proceso de constitución de una compañía a 24 horas. Sería un buen comienzo hacia la modernización de un tema que, si bien es de rutina, impide en la práctica darle curso ágil a emprendimientos, inversiones, creación de fuentes de trabajo. Y solo un comienzo, pues con la existencia legal de una compañía apenas se abre la puerta de un verdadero laberinto regulatorio cuyo recorrido puede tardar varios meses hasta que una nueva sociedad está en condiciones legales de contratar empleados, imprimir facturas, vender productos, importar mercadería, ofertar al Estado…

Yo vivo lejos del Ecuador. Soy una inmigrante mas. Desde hace dos semanas no duermo bien, me despierto con una ansiedad que me desvela. Solo una idea acompaña esta sintomatología: el Presidente de mi país ha decidido explotar el Yasuní.