Opinión

Con el “affaire Snowden” se ha desatado una verdadera tormenta mundial al haber entregado a los diarios, The Washington Post y a The Guardian, información sobre espionaje de organizaciones de inteligencia norteamericanas a millones de personas de todo el mundo. El dilema que se ha planteado es: “Seguridad vs. Garantías”. Por un lado los Estados a través de sus gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del terrorismo, del crimen organizado, de secuestros, etc. y por otro, ese mismo Estado debe garantizar la privacidad de los ciudadanos e inviolabilidad de sus comunicaciones. Para lo uno y para lo otro me permito recordar la legislación que nos ampara:

El triste y desafortunado manejo diplomático del caso Snowden ilustra los perversos efectos que derivan de una política exterior sustentada en la ideología, conducida con improvisación y claramente divorciada del interés nacional. Al final, las decisiones y acciones que la Cancillería adoptó en este caso terminaron perjudicando la imagen del Presidente, de su Gobierno y, ciertamente, del país en general.

La atención y el escándalo que han desatado las revelaciones hechas por el joven técnico Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos ha opacado el hecho de que se trata de actividades avaladas por una corte de justicia. Podría parecer algo paradójico pero lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que es para quien trabajaba la firma que había reclutado a Snowden, no podía legalmente implantar el sistema de vigilancia que tanta controversia ha provocado sin una decisión judicial favorable, tal como lo ha recordado recientemente el New York Times.

Hay que transcribir los textos para recordar a la Organización de Estados Americanos y al mundo entero el contenido del Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana que enseña: “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.