Opinión

Resulta difícil concebir que una diplomacia centenaria y experimentada como la británica haya actuado con tanta prepotencia y torpeza al amenazar al Gobierno ecuatoriano con ocupar su legación diplomática en Londres para cumplir con la orden de extradición de Assange. El gesto de intimidación no solo reforzó la decisión del presidente Correa de otorgar el asilo sino que le permitió activar el apoyo de otras naciones sudamericanas ante la “inminente agresión externa” de una potencia con un historial incómodo en la región.

La historia del hacker australiano Julian Assange, se podría decir que es rocambolesca; se inicia tras la divulgación de los cables de las embajadas de los EEUU por parte de WikiLeaks; el entonces vicecanciller del Ecuador, el uruguayo Kintto Lucas, dijo que el Ecuador estaba abierto a otorgarle la residencia a Julian Assange. Pocos días después, el presidente Correa expresó: «La declaración de Kintto Lucas fue a título personal, pues no ha recibido la autorización del canciller, ni del presidente (…). Nosotros jamás vamos a apoyar el rompimiento de la ley, así ese país haya actuado equivocadamente».

Parece recomendable hacer un breve inventario de algunas de las perlas que ha producido el affaire Assange antes que los 15 minutos de fama se les acaben a sus protagonistas. Lo primero que sorprende es que el Gobierno ecuatoriano haya admitido que sí sabía que las reglas internacionales vigentes en Europa, incluyendo el Reino Unido, no reconocen al asilo diplomático. Lo que sí admiten esos países bajo ciertas condiciones es el asilo territorial. Es decir, el asilo fue concedido a Assange sabiendo que para el Estado anfitrión era inaceptable. A sabiendas que se cometería una ofensa a una nación con la que ha existido tradicionales lazos de amistad.

Estimado Julian:

Anteriormente comparé tu caso con los autores del libro El Gran Hermano, que recopiló evidencias sobre las empresas del hermano del presidente, Fabricio, y sus millonarios contratos con el Estado.  Ellos fueron sentenciados por daño moral y con esto se pretendió desmentir sus investigaciones. Pero a los cuatro veedores que concluyeron que sí hubo un perjuicio al Estado por USD$143 millones se les prohibió la salida del país y solicitaron asilo político al considerarse perseguidos por el gobierno ecuatoriano.