La guerra de las Malvinas marcó a una generación de latinoamericanos y generó una ola de solidaridad con el pueblo argentino que se ha prolongado hasta nuestros días. Casi sin fisuras, Latinoamérica apoyó la causa argentina, intentando, por todos los medios, solucionar de manera diplomática el conflicto con el Reino Unido.
Decía aquí la semana pasada que estos países de América Latina, tradicionalmente serviles ante los Estados Unidos, están empezando a protestar contra la imposición de su política prohibicionista relativa a las drogas, que los corrompe, los destruye y financia todas sus violencias internas. Durante 40 años los sucesivos gobernantes de estos países no se quejaron. Sus países y sus pueblos pagaban las consecuencias, por ello, los gobernantes gozaban del respaldo norteamericano para conservar el poder. En armas, o en ayuda económica, o al menos en el importante aspecto de no promover derrocamientos, golpes o accidentes de avión.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha anunciado que, en solidaridad con Cuba, no asistirá a la sexta Cumbre de las Américas dado que le resulta incomprensible que la isla, siendo parte del continente, aún siga siendo excluida de este foro. Aparentemente, los latinoamericanos tenemos que solidarizarnos con todo Estado del continente, independientemente de lo que este haga o sea. Por ejemplo, parece que no hace diferencia que uno sea una monarquía familiar, violadora sistemática de los derechos humanos y que desde hace más de cincuenta años es ama y señora de las completas vidas de sus ciudadanos.
Después de mantener el suspenso durante varias semanas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, deshojó finalmente la margarita y en una carta al presidente Juan Manuel Santos declaró con toda solemnidad que no irá a la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias ni a ninguna otra que se celebre mientras él sea presidente de su país. De modo que ya el mundo sabe que no puede contar con sus luces. No quiere cumbres, está fatigado, ha asistido a todas y se siente defraudado. Para que Correa retorne a la escena, primero se deberán «tomar las decisiones que la Patria Grande nos exige».
La semana pasada expuse en este espacio las razones que mueven la norma de establecer una cuota de difusión de la música nacional (de cualquier género) en la radiodifusión. También se mostró el caso de otros países en que dicha regla existía, lo que ayuda a analizar la racionalidad y eficacia de las cuotas. Ahora presento un resumen de las normas actuales de preferencia al artista ecuatoriano.
Con la cara sombreada de lamento, esculpida a golpes del destino, cruzada por un gesto de dolor por existir, una mujer con setenta y largos años sube al escenario y recibe el micrófono como si se tratara de una posta al Cielo. Se le ilumina el rostro y un no se qué transforma su mueca sufrida en la expresión más acabada de la alegría de vivir; el corazón le late al compás del bajo, cuya vibración es la suya. Ahora se contonea, en medio del cortejo de acordes, vive, gobierna, hipnotiza. Ha hecho arte de su grito reprimido; la dureza le ha templado las cuerdas de la voz; retenerla a punto de llanto, rebelde, le ha dado ese color que no es técnica, ni ensayo, ni solfeo de conservatorio.
Aunque la atención se ha centrado en estos días sobre la decisión del gobierno de asistir a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en solidaridad con la no invitada, Cuba, no deja de parecerme curioso el reciente episodio en que el canciller ecuatoriano acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “inquisidora” y de extralimitarse en sus funciones al emitir medidas cautelares en el caso de Diario El Universo. Parece que llegó el momento en el que el mundo debe comprender, tal como se entiende en el Ecuador, que los temas que respectan a la violación de la libertad de expresión, el hostigamiento y la persecución judicial por discordar con el proyecto político de la revolución ciudadana son asuntos que nadie debe atreverse a cuestionar.
Los titulares de los medios y las preocupaciones de los analistas políticos y estratégicos extranjeros parecen haberse olvidado de los avatares del conflicto colombiano después de las intensas coberturas de años pasados por la muerte de Raúl Reyes, «Mono» Jojoy y Alfonso Cano (todos antecedidos del alias inevitable) y de las exitosas operaciones de rescate de figuras como Ingrid Betancourt. Pareciera como si la guerra que libra, tanto el estado colombiano como las FARC, hubiese entrado en un período de declinación cercano a la solución final.
Muchos han de estar sorprendidos por el reciente incidente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, como se sabe, ha lamentado públicamente que habiéndole advertido al Gobierno que en la sesión de trabajo que le concedió no podía abordar ningún caso en trámite –pues entonces la otra parte tenía que estar presente–, el Gobierno hizo precisamente eso: abordó un caso en particular en trámite sin la presencia de la otra parte, y aprovechó la oportunidad para exponer sus criterios sin que la parte ausente pueda cuestionarlos y esgrimir los suyos en ese momento.
Analizar la situación de Siria no es nada fácil. La lucha entre la razón y el corazón calienta la pluma tornándola insostenible. La objetividad fácilmente se opaca con una niebla helada olor a muerte e impotencia. Nadie acierta la salida en un campo minado donde todos han contribuido a plantar violencia e intolerancia. Es que acaso la primavera Árabe solo nos anunciaba flores imperfectas o será como la canción de la Jurado que nos advierte: que jamás duró una flor dos primaveras.
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