Opinión

Después de ser aprobada la “Ley para Escritores”, el 4 de octubre de 1933,  Hitler se sentía contento con “su prensa”, como solía decir.

“La confección del contenido intelectual de los periódicos y revistas políticas, publicadas en el territorio del Reich, ejercida como profesión principal o en plan de colaboración aisladas, es un deber público cuyas obligaciones y derechos profesionales determinará el Estado con esta ley. Los portadores de este deber público se llaman redactores. Quien no reúna las exigencias establecidas en la presente ley, no puede ser admitido como redactor”. Esto decía el párrafo 1º de la “Ley de Escritores”, mediante la cual los redactores, que a partir de ese entonces eran los responsables del contenido de los diferentes periódicos, por un lado se libraron  de la influencia de los editores, pero por otro quedaron expuestos a la influencia mucho más rigurosa del partido.