Tan preocupados están los revolucionarios verdes por la campaña electoral del próximo año, que ya comenzaron, descaradamente, por medio de spots televisivos, a pedir que Rafael continúe al frente de las sagradas funciones de conducir a la Patria a quién sabe qué feliz o triste destino. A ninguna de las dóciles y novísimas autoridades electorales se le ha ocurrido siquiera preguntar a los publicistas que cómo así tremendo adelanto.
Los grandes escritores inventan universos y luego los construyen con palabras. Borges, por ejemplo, fue a la vez arquitecto de sus mundos y escultor de sus paisajes. Otros autores tomaron la madeja de la historia de sus países y ciudades, la deshilacharon y ordenaron sus fibras. Con ellas, tejieron pasados y futuros que se ciñen con precisión en el universo de lo posible. Como Kadaré y su Albania. Como James Joyce, cuyo nombre es sinónimo de Dublín.
La prensa nos trae un dato, no se si llamarle “curioso” o “disparatado”: que la Presidencia de la República está tramitando ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) la propiedad de tres marcas: ’30S’, ’30-S’, y ‘Prohibido Olvidar’. Se trata de un registro de marca, esto es, que de ser aceptada la solicitud por el IEPI, nadie más que la Presidencia de la República podría utilizar esas palabras con uso comercial, “en especial en publicidad, gestión de negocios comerciales, y trabajos de oficina”.
La Constitución garantista de Montecristi trae entre sus principios básicos los de tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión. Estos luego se desarrollan en varios postulados, uno de los cuales es que los juicios deben observar el trámite «propio» de cada procedimiento (Art. 76, 3º). Eso del trámite «propio», armonizado con la seguridad jurídica (Constitución, Art. 82), significa que el trámite de los procesos solo puede ser el establecido por normas jurídicas previas: el cambio de reglas del juego no puede afectar fases procesales ya superadas o concluidas.
No deja de sorprenderme el cariz que van tomando los acontecimientos respecto a la sentencia pronunciada en contra de los accionistas del diario El Universo en las que se condenó a los hermanos Pérez a tres años de prisión por la opinión publicada en el periódico con la firma de Emilio Palacio. Mientras escribo estas líneas, el asambleísta César Montúfar ha anunciado en twitter que está acudiendo a la Fiscalía del Guayas para pedir que se investigue si la mencionada sentencia fue redactada por el juez ocasional Juan Paredes, o si el autor de la misma fue el propio abogado del Presidente de la República, esto es, una de las partes del proceso.
El acoso que sufre LA PRENSA por parte de exprestadores de servicios a este Diario que son manipulados por un sindicato oficialista y protegidos de hecho por el Gobierno mediante la pasividad policial, fue considerado en la audiencia sobre Nicaragua realizada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., el jueves de la semana pasada. Lógicamente, para los congresistas estadounidenses el acoso a LA PRENSA es una agresión a la libertad de expresión en general.
Quienes fueron coidearios de Correa hoy acusan al Gobierno de haber traicionado los postulados de la revolución ciudadana, tan fiel y bellamente plasmados en la Carta de Montecristi -según ellos y ellas-. Pero si los mayores cuestionamientos al régimen actual se relacionan con la concentración de poder, la metida de mano a la justicia, amén de unas libertades civiles camino del sacrificio, con la libertad de expresión a la cabeza de la marcha fúnebre, entonces conviene hacer memoria y análisis para ver si nos encajaron la Constitución del buen vivir, como decían sus redactores, hoy en la oposición, o si más bien ese mismo instrumento degradó las mencionadas instituciones democráticas.
Sin caer en un binarismo a ultranza, es posible aseverar que, de todos los avatares de la figura histórica del magnicida en Ecuador, resaltan dos diametralmente opuestos. Cronológicamente: primero, el magnicida protagónico, machete en mano, que, agazapado entre las columnas de Carondelet, aguarda el fatídico instante de arremetida. Segundo, el magnicida anónimo, el sin nombre, que se aglutina y enciende la “hoguera bárbara”. El acto magnicida (frustrado o fallido) toma hoy nuevas formas que no son del todo ajenas a las que establecieron como referentes los padres fundadores del magnicidio en el país.
Guillermo O»Donnell, quien murió hace poco en Buenos Aires, vivió los días sombríos de las dictaduras militares del Cono Sur, los regímenes de transición que sobrevinieron en algunos casos y las democracias que han intentado constituirse posteriormente. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale, profesor emérito de la de Notre Dame, fue uno de los analistas e investigadores más lúcidos de este laberíntico período sudamericano donde muchas de aquellas dictaduras se transformaron, para desencanto de quienes lucharon radicalmente contra ellas, en «democracias delegativas», donde la dimensión de ciudadanía queda prácticamente reducida a la participación en elecciones.
Si algo ha demostrado el Gobierno de Correa es su creatividad para deslegitimar a todo aquel que se atreva a cuestionarlo, con argumentos que, a pesar de su evidente falsedad, se repiten con un infinito megáfono de propaganda nunca antes visto en el Ecuador. Ya han logrado etiquetar a la oposición y la prensa privada como una suerte de hijos del infierno en el imaginario colectivo. Ahora es el turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Veamos en qué consisten sus grandes pecados.
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