La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy al Estado de Nicaragua inspeccionar algunos lugares que, según organismos humanitarios locales, están siendo utilizados por el Gobierno como centros de detención clandestinos, en medio de la actual crisis que sufre este país.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo en rueda de prensa que han formalizado esa solicitud al Estado para visitar al menos cuatro lugares, y que están a la espera de la respuesta.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció este martes que el Gobierno nicaragüense tiene al menos cuatro centros de detención clandestinos.
«(Denunciamos) la existencia de centros de detenciones clandestinos por operaciones fuera del marco de la Ley de grupos armados paramilitares y de choques (fuerzas combinadas) por un fanatismo partidario», según un informe leído por el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva.
El informe indica que el Gobierno tiene al menos un centro de detención clandestino en Managua, otro en Nindirí, otro en Masatepe y uno más en Masaya, ciudad que se ha convertido en icono de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en las que han muerto al menos 309 personas y otras 158 se encuentran desaparecidas, según los datos de la ANPDH.
El informe de la ONG agrega que tienen conocimiento acerca de otros centros de detención clandestinos que no mencionan «para no entorpecer la investigación«.
En este sentido, Leiva aseguró que creen «que pueden estar realizando movilizaciones de ciudadanos hacia centros clandestinos, para ocultar lo que ocurre en cárceles» como «El Chipote», un lúgubre presidio en el que permanecen detenidos muchos de los jóvenes que se han unido a las protestas.
Leiva explicó que es la misma ciudadanía la que «está haciendo llegar las denuncias».
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE
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