El 25 de febrero de 2012, diario El Universo publicó un texto titulado “Correcciones y aclaraciones”, a pedido del entonces Ministro de Defensa Javier Ponce.
“Unas Fuerzas Armadas fuertemente armadas que tienen un pobre espíritu de cuerpo, simplemente están preparadas para la derrota”
Ahora resulta que miembros de la Fuerza Pública están procesados por el supuesto delito de lesa humanidad a sabiendas que cumplieron estrictamente su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado que estaban amenazadas por el grupo subversivo “Alfaro Vive Carajo”, quienes asaltaron, secuestraron, asesinaron y robaron armas del Estado, y que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas. Para este grupo de pundonorosos miembros de la Fuerza Pública, no hay defensa institucional.
El 17 de septiembre de 1996, el Presidente Bucaram estableció la Comisión Verdad y Justicia, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) cometidos en Ecuador desde 1979; esta Comisión quedó en nada con la caída de Bucaram. El 3 de mayo de 2007 el Presidente Correa, crea otra Comisión de la Verdad, con el objetivo de investigar violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte activa de los subversivos, Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros de AVC. Este comité a las claras tenía sus propios intereses, es decir se constituyeron en “jueces y parte”.
Alberto Molina
Quito, Ecuador
En artículos anteriores, me referí en forma fidedigna al libro “Ecuador 1960-1990: Insurgencia, Democracia y dictadura” de Darío Villamizar Herrera, Editorial El Conejo, 1994. En él se publican los testimonios, con lujo de detalles, de asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc. de los miembros de las organizaciones subversivas que actuaron en la década de los 80.
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