La Asamblea Nacional aprobó ayer, con 92 votos a favor, seis en contra, uno en blanco y 17 abstenciones, en segundo debate, el proyecto de ley para reparación de las víctimas y la judicialización de las violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
De acuerdo a la ley aprobada, «el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad» y declara que, según esos informes, «las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos».
La ley establece que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso que hayan sido documentados por la Comisión de la Verdad y reparará de manera integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, según se afirme en el informe de esa comisión.
Se determina que la reparación integral buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos al estado anterior a la comisión del daño e incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
La Procuraduría General del Estado reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios y tomar todas las medidas para su cumplimiento.
A través del cuerpo legal se crea el programa de reparación, por la vía administrativa, para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a cargo de la Defensoría del Pueblo. El programa de reparación tendrá por objeto implementar las medidas de reparación establecidas en esta ley.
Según el proyecto, son beneficiarios de las medidas individuales del programas de reparación por vía administrativa, las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y también sus cónyuges o parejas por unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad en los casos y condiciones determinados en esta ley .
Las víctimas directas tienen derecho a beneficiarse de la rehabilitación física y atención psicosocial; la supresión, a solicitud de parte, de todos los datos y antecedentes personales constantes en los diferentes archivos judiciales, policiales, militares u otros, relacionados con los hechos documentados por la Comisión de la Verdad; búsqueda, localización y liberación de la persona desaparecida, que estará a cargo de la Policía Nacional, con dirección de la Fiscalía General del Estado; así como a la capacitación laboral, formación técnica o asesoría para el desarrollo de iniciativas de inclusión económica, entre otros
Con relación a las reglas generales del proceso, se establece que el Estado ecuatoriano adoptará, durante la etapa preprocesal y procesal penal, las medidas constitucionales, legales, administrativas y judiciales que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y garantías de las víctimas y sus familiares en la investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad, de conformidad con la legislación interna y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Para lo cual, en el plazo de 90 días, desde la publicación de la presente ley, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, el Registro Civil y demás entidades del Estado, implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las responsabilidades determinadas por este cuerpo normativo.
La Comisión de la Verdad fue creada por un decreto ejecutivo del Presidente Rafael Correa el 3 de mayo de 2007, con el fin de documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre 1984 y el 2008. La compilación de esos casos se hizo pública en junio del 2010, y en julio de ese año fue entregada a la Fiscalía General del Estado para iniciar las respectivas investigaciones judiciales.
Las investigaciones judiciales no se han realizado hasta hoy.
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* La presidenta de la Asamblea Nacional, y las dos vicepresidentas, el 20 de septiembre de 2013. API/Juan Cevallos