Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Hay un tema en el que una nueva (y verdadera) Corte Constitucional puede contribuir de inmediato en la lucha contra la impunidad.
La Constitución de Montecristi no llegó al extremo bárbaro de declarar que el Banco Central (BCE) sea dependiente del Ejecutivo.
Hay un par de recientes decisiones, entre muchas otras, inscritas por la Corte Constitucional en la antología de esperpentos judiciales.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea por fin ha resuelto, largos meses después de presentada, tramitar la solicitud de juicio político al superintendente de Bancos (incumplimiento de funciones por omitir controlar al IESS).
La Constitución de Montecristi prohíbe (art. 422) que se celebre “tratados o instrumentos internacionales” en los que el Estado acepte dirimir, mediante arbitraje internacional, controversias “contractuales o de índole comercial” con personas naturales o jurídicas privadas.
Francisco Butiñá, Pamela Martínez, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura y Alfredo Ruiz Guzmán, jueces de la Corte Constitucional, acaban de inscribir sus nombres en la antología de las vivezas criollas.
Le paso una pista al fiscal general, encargado, que no fue tomada en cuenta por sus antecesores Galo Chiriboga y Carlos Baca, sobre el caso Odebrecht.
En sus Ensayos (capítulo IX), Montaigne recuerda a quienes “establecen diferencia entre mentir y decir mentira… Decir mentira es decir cosa falsa que se tomó por verdadera… …mentir es decir algo contrario a lo que se sabe”.
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