No es usual que un jefe de estado participe en la reunión de Cancilleres de América violentando una agenda convenida de antemano e interviniendo en el acto inaugural con un discurso alejado de los propósitos de la reunión. Sin embargo, y como parte de una acción concertada con los países del ALBA, el Presidente Correa irrumpió en la reunión de Cochabamba y lanzó severas críticas en contra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la propia OEA.
No sorprende a nadie que el presidente ecuatoriano Rafael Correa esté molesto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un grupo de vigilancia que protege de los abusos a los líderes indígenas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el Hemisferio Occidental). Al parecer el sentimiento es mutuo, ya que la CIDH ha denunciado, con razón, los esfuerzos de Correa por limitar la libertad de expresión y la crítica en su gobierno. La CIDH también ha opinado duramente sobre el intento de Venezuela de prohibir a un candidato de la oposición a postularse para la presidencia contra Hugo Chávez.
La misión fundamental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es investigar y denunciar ante la Corte Interamericana los abusos de derechos humanos que cometen los estados de América Latina. Lo lógico, por tanto, es que la CIDH sea un organismo que esté por encima de los estados: si estuviera debajo de ellos, no podría hacer su trabajo con eficacia. Y es lógico también que la tarea de este organismo sea particularmente incómoda para los gobiernos cuando violan los derechos de sus ciudadanos.
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