Las fuerzas bolivarianas como con desesperación y con sus máximos comandantes, Hugo Chávez y Rafael Correa, a la cabeza, han salido a la caza de los herejes. Eso sí, obsérvese el detalle, actuando en base a decisiones judiciales sobre cuya “autonomía e independencia” nadie podría dudar.
El pasado 8 de febrero, cuando un editorial de EL TIEMPO (‘Correa, el Atila de la prensa’) criticó la actitud del presidente ecuatoriano contra la libertad de información, su embajador respondió con una carta en que elogiaba la libertad de prensa reinante en Ecuador y llamaba a este diario «Torquemada», «Tartufo» e «hipócrita».
La verdad es que soy un idiota. No sé por qué razón, en algún momento de las dos horas que «deliberaron» los tres jueces penales para resolver la casación del juicio contra El Universo, se me cruzó por la mente que su fallo podría ser distinto al que todo el mundo pronosticaba. Arrumado en un rincón del auditorio en el que se desarrolló la audiencia durante 13 horas, junto a más de 100 miembros de la prensa corrupta e impoluta también, llegué a comentar que, quizá, los jueces Íñiguez, Blum y Merino revocarían esa sentencia sucia de Juan Paredes. Hasta sentí algo de suspenso.
La historia de los periódicos en América Latina se presta para la trama de novelas. Una de las más destacadas es la del escritor mexicano Héctor Aguilar Camín: La guerra de Galio. El crítico, también mexicano, Christopher Domínguez, se sorprendía por la admiración que me despertó esta novela en el momento de su publicación. No entendía como un roman-a-clef con demasiados guiños locales podía ser descifrada por alguien que no conocía los meandros y requiebros de México. Pero quizá en eso las novelas de primer orden estético dan un salto por encima de la particularidad cifrada de una realidad, al punto que no necesitan explicitar hasta el último detalle, menos aún colocar diccionarios al final del libro para vocablos específicos o jergas.
Sobre la homologación salarial vale la pena hacer un poco de historia; en octubre de 2003, en el gobierno del Presidente Gutiérrez, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación Salarial (Loscca). El objetivo de esta ley era “frenar los excesos de la burocracia dorada y mejorar la situación de una mayoría de servidores públicos que reciben modestas remuneraciones”. No obstante haberse aprobado, esta ley no estaba financiada, es decir que esas buenas intenciones quedaron en el papel.
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