Quiero referirme, por supuesto sin ningún ánimo de burla, a la manera como los abogados del Presidente de la República, los doctores Gutemberg y Alembert Vera, acostumbran a utilizar el prefijo seudo, no para señalar la calidad de falsa de alguna cosa, sino para minusvalorarla.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, actúa para silenciar a la prensa en un furioso asalto a la libertad de expresión que no deja ninguna duda acerca de las aspiraciones de su gobierno dictatorial. Ecuador se ha esforzado por establecer instituciones democráticas después de un pasado reciente de disturbios políticos. Correa fue elegido en el 2006 como consecuencia de tres golpes civiles y militares. Pero en lugar de trabajar para la consolidación democrática, decidió embarcarse en la demagogia de Chávez y denominó a su gobierno la Revolución Ciudadana. Con eso, cada vez más se parece a sus antecesores golpistas.
Entre risas y lágrimas he leído la sentencia de primera instancia del caso El Gran Hermano, que concede 2 millones de dólares al Presidente Rafael Correa por el “daño moral” que le infligió un libro de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Después de sufrir la lectura de citas interminables y considerandos bizantinos, he hallado el razonamiento medular del fallo, que, para evitarles el mal rato, resumo a continuación. Estos son los argumentos de la jueza:
Durante su postgrado en Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aprendió mucha economía, pero, si se deduce por sus actos como gobernante, no entendió la importancia de la prensa libre en una democracia. Por tal razón, y excluida Cuba, no existe hoy un gobierno latinoamericano que haya mostrado mayor hostilidad contra los medios de información ni emprendido una campaña más empecinada contra ellos. «Para él -dice José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas- el único ejercicio posible de la libertad de expresión es aquel que se verifica en aplausos y alabanzas a su gobierno».
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