Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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CREO declara que no se opone a todas las reformas de la ley minera

El director nacional del movimiento CREO, César Monge, ha aclarado que su organización política no se propone obstaculizar la aprobación de las reformas propuestas por el Presidente Rafael Correa a la ley de minería. Pero que aspiran a “mejorarla” a través de “aportes que sean coherentes” con los principios que plantean.


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En un comunicado de prensa difundido por Monge, se expresa que el partido “apoya decididamente los procesos productivos de minería responsable, amigable con el medio ambiente y que cumpla todos los estándares internacionales de calidad que este tipo de proyectos requiere”. Y que además, respalda “la generación de riqueza que esta clase de proyectos acarrea, la generación de oportunidades para crear un verdadero encadenamiento productivo, el impulso a la inversión nacional y extranjera y la generación de nuevos empleos para los ecuatorianos”.

CREO apoya “la introducción de la figura del silencio administrativo que señala que en caso de que en 6 meses no se haya pronunciado la autoridad competente en materia de expedición de la licencia ambiental, se entenderá como concedida”.

Sin embargo alega que no existe justificación alguna para que el Ejecutivo envíe este proyecto de Ley con el carácter de Económico Urgente, y sostiene que “una ley de esta trascendencia para el país merece un más amplio debate y el aporte de muchos más sectores que tienen una vinculación directa e indirecta que enriquezcan la materia de este proyecto”.

Critica que se reforme las disposiciones que obligaban a que las regalías de los proyectos mineros sean destinadas para proyectos de desarrollo a través de los gobiernos municipales y las juntas parroquiales. Y advierten que ahora será el Gobierno Central quien utilice el 60% de las regalías contradiciendo, aseguran, el principio de desconcentración de recursos.

CREO también expresa su desacuerdo a la excepción que se hace para que las empresas estatales extranjeras no estén obligadas de participar en los procesos de remates y subasta pública para el otorgamiento de las concesiones mineras. Y además a que la celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y las empresas estatales extranjeras se pueda realizar en forma directa.

Monge advierte que esas reformas “atentan contra la seguridad jurídica, lesiona el derecho a la igualdad de todos ante la ley y el derecho a la libertad de competencia entre empresas estatales, privadas, nacionales y extranjeras y afecta la transparencia que tiene que garantizarse en este tipo de procesos”.

Por último, anunció que mocionará en segundo debate que la votación se realice artículo por artículo.