Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Asamblea Nacional aprueba Ley de Telecomunicaciones

La sesión 306 de la Asamblea trata en segundo debate el proyecto de ley de Telecomunicaciones.

La sesión 306 de la Asamblea Nacional ha culminado con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, la misma que establece que las empresas de este sector empezarán a pagar un monto trimestral al Estado, en caso de que alcancen o sobrepasen el 30% de participación en el mercado. Fueron 93 los votos afirmativos y 25 en contra, de 118 asambleístas presentes.


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De acuerdo a la normativa, solo dos empresas en el Ecuador estarán obligadas a ese pago: la telefónica Claro, y la distribuidora de televisión por cable, DirecTV.

La norma crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita técnicamente al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Dicha agencia, que será parte de la función Ejecutiva,  reemplazará a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que actualmente es una de las instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social.

En el debate de hoy participaron los legisladores de oposición. Patricio Donoso, del movimiento CREO, dijo que con esta ley se “está castigando el emprendimiento en el país” y pidió que sea rechazada. Luis Fernando Torres, del PSC, añadió que en esta ley se aplica el modelo venezolano en el control y centralización de la telecomunicaciones, mientras Henry Cucalón, de Madera de Guerrero, la calificó de “inconstitucional”, porque contiene “prácticas discriminatorias y atenta a la eficiencia”.

Del lado oficialista, Fernando Bustamante, de AP, afirmó “que no se pretende castigar la alta rentabilidad y no hay dedicatoria para ninguna empresa”.  Fausto Terán rechazó los comentarios de oposición sobre concentración de poder, régimen sancionatorio y aseguró que están defendiendo el interés de una empresa privada.

El abogado de Claro, Eduardo Carmigniani, advirtió ayer que, de ser sancionada por el Ejecutivo, la nueva ley de telecomunicaciones violaría los términos del contrato de concesión que la empresa Conecel, propietaria de Claro, negoció con el gobierno, y que en consecuencia daría lugar al pago de indemnizaciones.

La ley todavía debe ser sancionada por el Presidente de la República, Rafael Correa, que puede aprobarla, o vetarla, total, o parcialmente.