Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Gobierno griego afrontará nueva prueba de solidez en la votación de reformas

En esta imagen de archivo, tomada el 3 de febrero de 2015, una bandera griega ondea en el exterior de la bolsa de Atenas. (Foto AP/Petros Giannakouris, archivo)

El Gobierno griego afrontará mañana una nueva prueba de solidez en la votación en el Parlamento del segundo paquete de reformas acordadas con la eurozona, que ha generado disidencias en el seno de su propio partido, el izquierdista Syriza.


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El proyecto de ley, que incluye la reforma del código civil y la incorporación a la legislación griega de la directiva europa sobre saneamiento de bancos, ha sido presentado hoy en la Cámara y está previsto que se vote en el pleno de mañana por la noche.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llamó hoy a la unidad de los diputados de Syriza y criticó que los que se han posicionado en contra del acuerdo no hayan presentado “ninguna propuesta alternativa”.

“Si algunos creen que un plan alternativo de izquierdas es el plan Schäuble, coger la reserva de billetes del Banco Central Europeo (BCE) o pagar a los pensionistas con papeles ‘IOU’ en lugar de con sus pensiones, que lo expliquen al pueblo griego y que dejen de ocultarse detrás de mi propia firma”, destacó Tsipras en una reunión con su equipo.

También subrayó que “el Syriza ‘de partido’ debe coincidir con el ‘social’ para cumplir las expectativas de decenas de miles de personas que han puesto sus esperanzas” en ellos.

Los cambios en el código civil que se votarán mañana persiguen acelerar los procesos judiciales y reducir sus costes.

La medida más polémica, que ha provocado la reacción de abogados y jueces, es la eliminación de los testigos en los juicios civiles, de modo que los jueces deberán examinar los casos solo en base a los documentos que presenten las partes implicadas.

Otro punto es la introducción de medidas que facilitan las subastas de viviendas cuando el banco las embarga por impago de la hipoteca.

El precio del que partirá la subasta será el valor en el mercado del inmueble en el momento del embargo y no su valor objetivo, que lo fija el Ministerio de Finanzas para calcular los impuestos correspondientes a cada propiedad.

A juicio de las asociaciones de abogados, este cambio facilitará las subastas porque los precios en el mercado inmobiliario se han reducido sensiblemente en los últimos años debido a la crisis.

Fuentes gubernamentales afirmaron hoy que el nuevo código civil entrará en vigor a partir del uno de enero de 2016 y señalaron que para entonces “habrá sido aprobada una ley para suspender las subastas de primera vivienda” dentro de la ley sobre los préstamos morosos.

Según fuentes jurídicas, el nuevo reglamento establece también que en caso de quiebra de una empresa se de prioridad al pago de las deudas con los bancos frente a las contraídas con el personal, Hacienda, la Seguridad Social y los proveedores.

Las fuentes del Ejecutivo aclararon que la liquidación de las empresas que ya se han declarado en quiebra tendrá lugar según el código civil actual.

Por otro lado, la directiva europea sobre el saneamiento de los bancos prevé que si un banco necesita fondos para su recapitalización, primero debe dirigirse a los accionistas para hacerse con capital.

Si la aportación de éstos no es suficiente, se recurre a los poseedores de bonos de la entidad y en último término, se procede a la quita de los depósitos, de ahí que la directiva garantice los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros en tal caso.

Grecia está bajo un control de capitales desde el pasado 29 de junio, y si bien los bancos abrieron después de tres semanas de cierre, las restricciones se mantienen de forma amplia.

Para el Gobierno es crucial obtener al menos 120 votos de los 162 diputados que tiene la coalición gubernamental, formada por Syiza y el partido nacionalista de derecha Griegos Independientes.

La portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, afirmó hoy que tras la aprobación de las primeras reformas y las previstas para mañana, se iniciarán “inmediatamente” las negociaciones con las instituciones “que debe concluir antes del 20 de agosto”.

El Ejecutivo se ha fijado el 20 de agosto como fecha límite porque ese día debe devolver 3.200 millones por los bonos del Banco Central Europeo (BCE) y pagar otros 194 millones en intereses. EFE [I]