Ecuador. martes 12 de diciembre de 2017
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Gobierno y FARC polemizan sobre los puntos pendientes del acuerdo de justicia

LA HABANA (CUBA) 18/12/2014.- Jorge Torres Victoria (c), alias Pablo Catatumbo, miembro del equipo negociador de las FARC con el Gobierno colombiano en los diálogos de paz. EFE/Ernesto Mastrascusa

El proceso de paz de Colombia vivió hoy un nuevo rifirrafe sobre el acuerdo de justicia, ya que las partes mantienen todavía diferencias sobre asuntos delicados que aún están por precisar, como la privación de libertad, las extradiciones y la forma de elección de los magistrados del tribunal especial de paz.


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El jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, explicó que hay algunos puntos que el Gobierno no ha aceptado, como que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía; o las interpretaciones de las FARC sobre las características de restricción de libertad, que consideró “inaceptables” y “por debajo de los mínimos que exige la comunidad internacional”.

“El tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia por parte de las autoridades competentes”, agregó De la Calle en el cierre de un nuevo ciclo de diálogos de paz en La Habana con la guerrilla.

Por ello, el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente la comisión de juristas que se ocupó de redactar el acuerdo sobre justicia transicional, que se anunció el pasado 23 de septiembre en La Habana con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; algo a lo que la guerrilla se niega.

De la Calle insistió en que lo que está pactado son las “bases” de la jurisdicción especial para la paz, un documento de diez puntos; que se basó en un documento más extenso de 75 puntos, que “la delegación del Gobierno siempre sostuvo que se trataba de un documento en desarrollo que exigía ser terminado y precisado”.

Esta postura del Gobierno ha sido criticada en varias ocasiones por la guerrilla y hoy, su jefe negociador “Iván Márquez” (alias de Luciano Marín Arango) instó a su contraparte a cumplir con la “palabra empeñada” y advirtió de “obstrucciones artificiales” y “medidas unilaterales” ajenas a la guerrilla que pueden entorpecer ese proceso.

“Nos preocupa que por razones ajenas a las FARC se produzca un desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz”, señaló el número dos de la guerrilla.

El jefe negociador del Gobierno rechazó “los términos de esa declaración” e indicó que la guerrilla “falta a la verdad” y lamentó la “arremetida verbal injustificada e inaceptable de las FARC“.

“Hubo un acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable”, precisó.

De la Calle indicó que la noche antes de anunciar el acuerdo, él personalmente, como jefe de la delegación dijo a los negociadores de las FARC: “al documento le falta, podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido que exige mayores desarrollos y, en algunos casos, precisiones”.

Insistió en el que en la mañana del 23 de septiembre -día del anuncio- se comunicó telefónicamente con Márquez para advertirle de que firmaría el documento junto a la anotación “documento en desarrollo”.

El trascendental acuerdo estableció un sistema especial de justicia para los responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto, con dos tipos de penas, una para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no; además de una amnistía para los delitos políticos.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves oscilarán entre los 5 y 8 años “de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”; mientras que quienes admitan su responsabilidad “de manera tardía” cumplirán penas de entre 5 y 8 años en “condiciones ordinarias”.

A pesar de las diferentes interpretaciones de las partes sobre los asuntos pendientes; ambas delegaciones coinciden en destacar la relevancia del acuerdo sobre justicia, el principal escollo durante meses en las negociaciones, que marca la cuenta atrás para la firma de la paz, en un plazo de seis meses.

Las partes no volverán a la mesa de negociación hasta el próximo 27 de octubre, una vez que se hayan celebrado las elecciones regionales en el país, previstas para el día 25. EFE [I]