Ecuador. Viernes 28 de Abril de 2017
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Dejan libre a militar condenado por torturar hasta muerte a padre de Bachelet

Michelle Bachelet foto latercera.com

Santiago de Chile, 18 abr (EFE).- La justicia chilena ordenó hoy la excarcelación del militar Edgar Cevallos Jones, condenado por torturar hasta la muerte al general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet en 1974.

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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, indicó hoy que Cevallos Jones fue declarado en estado de demencia después de recibir los informes médicos del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile y del Servicio Médico Legal.

Los psicólogos y psiquiatras que lo evaluaron consideraron que Cevallos Jones presenta una “demencia mixta”, “no es autovalente” y que su enfermedad es “severa e irreversible”, indicó la resolución.

Se declara que el condenado Edgar Benjamín Cevallos Jones no cumplirá la sanción privativa de libertad impuesta mediante sentencia ejecutoriada, por haber caído en enajenación mental, y será puesto en libertad y entregado a la brevedad a sus familiares bajo custodia“, agregó el dictamen.

Foto: Cooperativa – Alberto Bachelet

El general Bachelet, quien se negó a unirse al golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al Gobierno del presidente Salvador Allende, murió en una cárcel de Santiago el 12 de marzo de 1974, debilitado por las torturas que sufría periódicamente.

El padre de la presidenta de Chile era sacado periódicamente de la cárcel y llevado a la Academia de Guerra Aérea (AGA), donde era torturado por oficiales de esa institución, algunos de ellos antiguos subordinados suyos.

Según el informe de su muerte, Alberto Bachelet, de 50 años, falleció a causa de “un paro cardiorrespiratorio producto de la mala condición física y psicológica en que había quedado”.

En noviembre de 2014 fueron condenados como autores de las torturas los coroneles Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, ambos a cuatro años de presidio, inhabilitación absoluta para derechos políticos y también inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el periodo que dure la condena.

La medida tomada por Carroza puede ser apelada tanto por la viuda Ángela Jeria como por las agrupaciones de familiares de víctimas de derechos humanos durante el régimen militar. EFE

(I)