Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Golpes de Estado y Unasur

Por Alberto Molina
Quito, Ecuador

Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), aprobaron un documento llamado “Protocolo Democrático”, en dicho documento se establecen sanciones para los países en donde se intente o se rompa el orden constitucional: “Castigos diplomáticos, políticos y económicos; además, bloqueos de exportaciones e importaciones y cierre de fronteras”, entre otras sanciones.

Alberto Molina

Por Alberto Molina
Quito, Ecuador


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Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), aprobaron un documento llamado “Protocolo Democrático”, en dicho documento se establecen sanciones para los países en donde se intente o se rompa el orden constitucional: “Castigos diplomáticos, políticos y económicos; además, bloqueos de exportaciones e importaciones y cierre de fronteras”, entre otras sanciones.

En la XX Cumbre Iberoamericana, los jefes de Estado asistentes firmaron la declaración final, la misma que dice que “por primera vez se establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que desequilibren el orden constitucional y el Estado de Derecho en los países miembros”.

Las medidas establecidas en la declaración de UNASUR y de la XX Cumbre Iberoamericana son coincidentes en la condena a los intento y peor aun a los golpes de estado, al mismo tiempo se han establecido salvaguardas para proteger la democracia.

A la par de estas proclamas, también se debería establecer sanciones a aquellos gobiernos que habiendo sido elegidos democráticamente por la voluntad popular en las urnas y con las reglas establecidas en las constituciones y leyes que rigen sus países, tratan mediante argucias pseudo legales de perennizarse en el poder, cambiando las reglas de juego con las que fueron elegidos. El caso de Venezuela no puede ser más patético: la Asamblea Nacional -con mayoría chavista- a espaldas del pueblo, aprobó la reelección presidencial en forma indefinida; en el Ecuador, mediante un proceso cuestionado se aprobó una nueva Constitución en la que se establece la reelección presidencial inmediata.

En Nicaragua sucedió algo más grotesco, mediante una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (con miembros suplentes afines al gobierno de Ortega), levantó de hecho una disposición constitucional, al declarar ‘inaplicable’ el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección continua del presidente; esta pirueta jurídica le permitió a Daniel Ortega ser reelegido.

A propósito de la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, resulta curioso, la intromisión de varios mandatarios, en forma especial los miembros de la ALBA, en asuntos internos de ese país, máxime que Lugo al conocer sobre su enjuiciamiento dijo “que no eludirá el juicio político”, procedimiento que se lo realizó en el marco de la Constitución y de la Ley. Una abrumadora mayoría aprobó la destitución y Lugo aceptó y se fue. Otro mandatario paraguayo enfrentó antes este proceso constitucional, pero ha sido Lugo el primero formalmente destituido. Raúl Cubas Grau prefirió renunciar, en 1999, antes de ser destituido a través del juicio político instaurado en su contra.

El expresidente uruguayo José María Sanguinetti, dijo que los países de Unasur están haciendo un acto de “intervencionismo contrario a todas las tradiciones y normas de Latinoamérica en la vida interna de un país que actuó dentro de sus códigos”.

Resulta que ahora muchos de los mandatarios se rasgan las vestiduras en el caso paraguayo. Unasur o la OEA deben sancionar todo tipo de golpes de estado, los solapados y los directos.

* Alberto Molina Flores es coronel en retiro de las Fuerzas Armadas del Ecuador