Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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El poder de la justicia

Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

El poder que tienen los jueces en un Estado es enorme. Un juez es capaz de anular cualquier acto de la Administración Pública. La Corte Constitucional puede invalidar una ley de la Asamblea, vetar consultas populares o tratados internacionales. Los jueces penales pueden disponer de la libertad de cualquier ser humano y los de familia pueden llegar a quitarle los hijos a sus padres. Por eso, la justicia siempre ha sido apetecida por cualquier grupo de poder, sea político, empresarial, sindical o cualquier otro. ¿Por qué los jueces tienen tanto poder? Porque, se supone, su función es proteger los derechos de los ciudadanos, cuya defensa es “el más alto deber” del Estado, según el artículo 11 de la Constitución.

Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador


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El poder que tienen los jueces en un Estado es enorme. Un juez es capaz de anular cualquier acto de la Administración Pública. La Corte Constitucional puede invalidar una ley de la Asamblea, vetar consultas populares o tratados internacionales. Los jueces penales pueden disponer de la libertad de cualquier ser humano y los de familia pueden llegar a quitarle los hijos a sus padres. Por eso, la justicia siempre ha sido apetecida por cualquier grupo de poder, sea político, empresarial, sindical o cualquier otro. ¿Por qué los jueces tienen tanto poder? Porque, se supone, su función es proteger los derechos de los ciudadanos, cuya defensa es “el más alto deber” del Estado, según el artículo 11 de la Constitución. Por eso un juez, para salvaguardar los derechos de una persona, se erige por encima de cualquier otro funcionario, aunque sea de elección popular, incluyendo al mismísimo Presidente de la República.

Ahora bien, para que la justicia sirva como barrera entre el poder estatal y los derechos de las personas, hay un requisito indispensable: que sea imparcial e independiente. ¿Qué ocurre hoy en Ecuador? La justicia ha sido secuestrada por el Ejecutivo para desnaturalizar su función más básica. En vez de ser la justicia un escudo de defensa para el ciudadano, hoy se ha convertido en un arma más del poder político. El resultado, desde que se anunció la consulta popular, se veía venir: la justicia ha pasado a ser un instrumento de persecución política, donde no se decide con ley en mano, sino con el movimiento del pulgar de quien controla a los jueces, como en los buenos tiempos de las viejas monarquías absolutas.

El problema es mucho más grave que cualquier proceso anterior de politización del sistema judicial. Me refiero al caso socialcristiano. Todos sabemos que el partido de León Febres Cordero controlaba los tribunales. Su influencia en la corte de Guayaquil era temible y su botín más apetecido era la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, desde la cual León pudo perseguir y condenar al exilio a sus enemigos políticos. Pero hay grandes diferencias entre la justicia socialcristiana y la justicia en los tiempos de la Revolución Ciudadana. Febres Cordero dominó las cortes cuando ya no era presidente. Su influencia era tras bastidores, no institucionalizada, y además no era absoluta. En cambio, PAIS maneja hoy las cortes mientras controla, al mismo tiempo, todas las demás funciones del Estado, y su gobierno judicial está formalmente institucionalizado, a través de una designación (legal) de los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes ejercen una potestad (legal) para nombrar, disciplinar y destituir a todos los jueces del Ecuador. Repito: a todos. Si sumamos a ello que PAIS también tiene mayoría en la actual Corte Constitucional y en la comisión que va a designar a la nueva, es fácil concluir que hoy, salvo casos personales aislados, no existe ni un atisbo de independencia en la administración de justicia del Ecuador.

La situación es terrible y nos lleva a admitir que Ecuador hoy no es una república, pues no existe división de poderes. Su sistema estatal es más cercano al de las dictaduras o, mejor dicho, al de los gobiernos totalitarios, donde la totalidad del poder político está concentrada en una sola persona o grupo. Estamos en las antípodas de una republica democrática. María Paula Romo —una de las primeras impulsoras de la Revolución Ciudadana, que ilusamente pensó que se podía crear instituciones aniquilando toda la institucionalidad previa— hace poco admitió que era mejor un Tribunal Electoral antes repartido entre los distintos partidos que un Consejo Nacional Electoral hoy controlado por uno solo. Su lectura se puede extender a todos los demás ámbitos del Estado y particularmente a la función judicial: era mejor una justicia parcialmente politizada a una justicia hoy absolutamente sometida a Alianza País.

Sin embargo, alguno dirá: ¿de qué sirve ser o no república, si al fin y al cabo hoy nos gusta más este gobierno, que es popular, hace obras y ha aumentado sustancialmente la inversión social? ¿Eso de ser “república” o “democracia” no es algo etéreo que han inventado los intelectuales? Para responder, pongamos los pies en la tierra y citemos ejemplos concretos sobre los efectos devastadores de manipular la justicia como arma del poder.

En la publicación Leviatán Judicial, el profesor Jorge Zavala Egas ha recopilado una serie de resoluciones judiciales que demuestran el actual servilismo de los jueces al gobierno. Entre ellas, hay una especialmente grave: el Consejo de la Judicatura de Transición, nombrado por PAIS, ha prohibido mediante un instructivo (¡!) que los jueces admitan acciones de protección contra el Ejecutivo. ¿Qué son las acciones de protección? Son garantías que la Constitución prevé para que una persona pida la reparación de un derecho humano que ha sido violado. Decir que no se pueden admitir contra el Estado implica derogar la existencia misma de las acciones de protección y sentar que, si el Estado hoy viola un derecho fundamental de un ciudadano, en Ecuador no existe ningún mecanismo jurídico para defenderlo ante un tribunal, lo cual viola los principios más elementales de acceso a la justicia en el derecho internacional.

Otros ejemplos: hoy se utiliza el sistema judicial para perseguir a los enemigos políticos de Alianza País. Hace poco Amnistía Internacional reconoció el abuso judicial para criminalizar las protestas contra el gobierno. Esta semana, el empresario Jaime Solórzano fue condenado a tres meses de prisión por desacato (injuria a la autoridad) por acusar de corrupción a los hermanos Alvarado y Juan Carlos Casinelli, a pesar de que la existencia de ese delito está proscrita en materia de derechos humanos, como lo ha reconocido el mismo gobierno en varias ocasiones. Por otro lado, hoy persiste un juicio penal contra Mery Zamora, ex presidente de la UNE y dirigente del MPD, donde se la acusa con un delito de sabotaje y terrorismo, penado con nada menos que reclusión de 8 a 12 años, por la revuelta del 30 de septiembre. Y ni hablar del caso El Universo, que evidenció, dentro y fuera de Ecuador, la más patética sumisión de todas las instancias de la justicia al Presidente Correa para vengarse de un periódico y un columnista de opinión.

Sí, puede que la metida de mano en la justicia tenga efectos positivos. Tal vez mejore el servicio judicial en materia de familia, contravenciones y tránsito. Sería un gran logro, digno de reconocimiento público. Pero que nos quede claro que el costo de esa reforma judicial ha sido entregarle el poder total a un solo hombre. Ojalá las consecuencias nefastas de este ensayo totalitario, no antes visto en el país, sean menores que los beneficios de una justicia con más personal, más edificios, más computadoras, pero con menos independencia que nunca en toda la historia del Ecuador.

Publicado originalmente en el blog www.realidadecuador.com

4 Comentarios el El poder de la justicia

  1. Myriane Elena Neagari // jueves 30 de agosto de 2012 en 20:17 //

    Héctor… Agradezco sinceramente sus explicaciones y al mismo tiempo quedo asustada porque comprendo que la Justicia y Nuestra República se están yendo al carajo por su inexistencia. Se limpian a diario con la Constitución diseñada por los mismos gobiernistas y además entiendo que estamos en completa indefensión por que quienes deber velar por nuestros derechos, NO LO HARÁN por sumisión como bien usted lo explica, por el totalitarismo que se va imponiendo y por la concentración de todos los poderes.  Voy a guardar este artículo suyo porque es muy valioso, es decir para mí es muy importante.

    Le molesto Hector con una catarata de preguntas que se relacionan con la justicia y la libertad. Salió una noticia en este mismo diario sobre la aprobación del IEPI de una frase y dos siglas de fechas. Ahora lo que me pregunto es que la misma frase es el título de una famosa canción de Rubén Blades, que fue lanzada en el año 1991. ¿Su nombre tiene derecho de prioridad como creación intelectual o no???  ¿Ya no podemos escribirla? ¿Y cantarla? ¿Y si alquien me pide la letra como escribo? Es una frase que se puede utilizar en un trabajo de investigación tanto en el presente como en el futuro… ¿Ya no podremos, es esto legal?  ¿Si en otro país usan esa frase, seguirán juicio?  Ver: http://letras.terra.com/ruben-

    Otra pregunta más…¿Nuestro idioma, que es universal, desde ahora, tendrá dueños? Por favor usted es abogado, le ruego publique un artículo sobre este particular. Creo que muchos estamos muy preocupados y es importante que todos entendamos claramente este asunto antes de emitir opiniones. Gracias anticipadas por su gentileza.

  2. Gracias Señor Yépez por este artículo

    Quisiera saber qué otros males nos traerán estas reformas…..

    En materia de nuevos inmuebles en servicio del pueblo, pueda que existan algunos proyectos presentados por este gobierno, pero en su mayoría han sido proyectos de gobiernos regionales y nacionales previos a la aparición de AP y con fondos internacionales provenientes de todos esos países del “lado oscuro”. Recordemos que el que inaugura no siempre es el que construye, sobre todo cuando la política está en el medio.

    Como van las cosas en un par de años más no tendremos ni nuevos edificios, ni computadoras y tampoco tendremos libertad.

  3. ¨La situación es terrible y nos lleva a admitir que Ecuador hoy no es una república, pues no existe división de poderes. Su sistema estatal es más cercano al de las dictaduras o, mejor dicho, al de los gobiernos totalitarios, donde la totalidad del poder político está concentrada en una sola persona o grupo. Estamos en las antípodas de una republica democrática. María Paula Romo —una de las primeras impulsoras de la Revolución Ciudadana, que ilusamente pensó que se podía crear instituciones aniquilando toda la institucionalidad previa— hace poco admitió que era mejor un Tribunal Electoral antes repartido entre los distintos partidos que un Consejo Nacional Electoral hoy controlado por uno solo. Su lectura se puede extender a todos los demás ámbitos del Estado y particularmente a la función judicial: era mejor una justicia parcialmente politizada a una justicia hoy absolutamente sometida a Alianza País¨.

    No estoy de acuerdo con la afirmación de que el sistema estatal actual es más cercano al de los gobiernos totalitarios. El problema no es solamente la comparación gratuita con ese tipo de gobiernos, sino que para establecer tal comparación se requiere por lo menos una definición de lo que se entiende por ¨totalitarismo¨, con el fin de seguir el sabio consejo que da Voltaire en su ¨Diccionario Filosófico¨:

    ¨¡Oh, Locke! Venid y DEFINID LOS TERMINOS, porque yo no creo que entre todos esos disputadores platónicos hubiera uno solo que se entendiera¨.

    Del hecho de que una persona o grupo concentre la totalidad del poder político (en el supuesto de que tal premisa sea cierta) no se sigue que nos encontremos con un régimen parecido a los estados totalitarios, en realidad se podría argumentar que lo que existe actualmente es parecido a una dictadura autoritaria (no todo autoritarismo es totalitario). Si se toma en cuenta las definiciones clásicas del totalitarismo ( Hannah Arendt ¨The origins of totalitarianism¨ y Carl J. Friedrich – Zbigniew K. Brzezinski ¨Totalitarian dictatorship and autocracy¨), las diferencias con el actual régimen son demasiadas. Lo mismo ocurre si se analizan otras posturas  (Raymond Aron  ¨Democracy and Totalitarianism¨, Samuel P. Huntington ¨Authoritarian polities in modern society¨, Jules Monnerot ¨Sociology of communism¨, etc).

    ¨Sí, puede que la metida de mano en la justicia tenga efectos positivos. Tal vez mejore el servicio judicial en materia de familia, contravenciones y tránsito. Sería un gran logro, digno de reconocimiento público. Pero que nos quede claro que el costo de esa reforma judicial ha sido entregarle el poder total a un solo hombre. Ojalá las consecuencias nefastas de este ensayo totalitario, no antes visto en el país, sean menores que los beneficios de una justicia con más personal, más edificios, más computadoras, pero con menos independencia que nunca en toda la historia del Ecuador¨.

    Es cierto que puede haber cambios positivos en el sistema judicial, pero esos cambios son posibles sin necesidad de atentar contra la ¨autonomía judicial¨ o la ¨división de poderes¨ (prefiero utilizar el término ¨equilibrio de poderes¨, que encuentro más realista). Precisamente este asunto de la independencia de la función judicial era uno de los temas vitales para superar los errores del sistema, con la intromisión del régimen de la ¨revolución ciudadana¨ lo que ha ocurrido es una degradación sin igual en la historia contemporánea de nuestra sociedad.

  4. Los potenciales dictadores, una vez electos ponen como primer objetivo cambiar la constitucion, no solamente para ser reelegidos, si no tambien, para consolidar todos los poderes del estado, que en una VERDADERA democracia deben operar de manera independiente.  La llamada “metida de mano”, solo sirvio para que el ejecutivo sea amo y senior de todo los poderes del estado, muchos leyeron las verdaderas intenciones del ejecutivo, pero la mayoria no.  Es esta mayoria que debemos ilustrar, para que en otra administracion no caigan nuevamente.  Una nueva constitucion (con la venida de una nueva administracion, logicamente), deberia poner en claro los roles independientes de todas las ramas del estado, para que haya el balance y chequeo que es un requerimiento fundamental en toda VERDADERA democracia.  Y con una clausula que dichas estructuras de poderes independientes de las ramas del estado, nunca puedan ser alteradas.  La Asamblea crea las leyes, el Sistema Judicial las interpreta y la rama Ejecutiva las hace cumplir.

    Que dios guie y bendiga nuestra patria.

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