Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Déjà vu

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Resulta ahora, según varios comentarios que he leído, que dizque sí sería función de los asambleístas presentar denuncias penales contra funcionarios públicos, imputándoles haber cometido un delito en el ejercicio del cargo que ocupan; colofón sería que, al hacer tal clase de denuncias, protegidos quedarían por el manto de la irresponsabilidad parlamentaria. Como no encuentro ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la Función Legislativa norma alguna que -ni con mala redacción ni con generosa lectura- siquiera sugiera que existe cosa parecida a semejante facultad, no queda entonces más que entender que la aludida tesis estaría siendo fundamentada en algo así como una función implícita, que vendría, digamos, aneja a la de fiscalización, a la que serviría como instrumento de realización.

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Resulta ahora, según varios comentarios que he leído, que dizque sí sería función de los asambleístas presentar denuncias penales contra funcionarios públicos, imputándoles haber cometido un delito en el ejercicio del cargo que ocupan; colofón sería que, al hacer tal clase de denuncias, protegidos quedarían por el manto de la irresponsabilidad parlamentaria. Como no encuentro ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la Función Legislativa norma alguna que -ni con mala redacción ni con generosa lectura- siquiera sugiera que existe cosa parecida a semejante facultad, no queda entonces más que entender que la aludida tesis estaría siendo fundamentada en algo así como una función implícita, que vendría, digamos, aneja a la de fiscalización, a la que serviría como instrumento de realización.

Aquello de la facultad implícita tendría sin embargo que empezar por vérselas con el art. 226 de la propia Constitución. Según este, todas las personas que actúan en virtud de potestades estatales -lo que incluye a los asambleístas- “ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”. Trabajoso cometido tiene entonces la susodicha tesis, si se quiere sustentarla exclusivamente en aspectos jurídicos, inmunes a interpretaciones creativas, o no insuflados de malquerencias políticas. Trabajoso cometido, si se quiere fundarla con éxito en conceptos. No en gustos.

En todo caso, y al margen de la normativa vigente, me pregunto si convendría incluir hacia futuro, como parte de la función fiscalizadora de los legisladores, al asunto aquel de las denuncias penales, de manera que la mentada irresponsabilidad civil y penal se comunique también a esos actos. Mirando hacia adelante no puedo dejar de encontrar a un sinfín de diputados chantajistas, o marionetas de chantajistas, cebados en la lucrativa industria de amenazar con cárcel para conseguir negocios, estatales o privados. O boicotearlos. Entonces regreso a la pregunta y la respuesta negativa fluye con naturalidad. Me abruma la idea del retorno a un pasado ya enterrado, cuando el presente enfrenta otros riesgos, perfectamente identificados.