Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Con Juan Pablo Albán

Víctor Cabezas
Quito, Ecuador

Mucho se ha dicho sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fenómeno mediático creado a su alrededor nos demuestran una vez más como el discurso social puede generar un cambio deontológico en la concepción y estructura de las Instituciones.

Víctor Cabezas

Víctor Cabezas
Quito, Ecuador


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Mucho se ha dicho sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fenómeno mediático creado a su alrededor nos demuestran una vez más como el discurso social puede generar un cambio deontológico en la concepción y estructura de las Instituciones. Sobre la CIDH se ha opinado y descalificado a granel, de pronto pareciera que es un Órgano profundamente disfuncional, de pronto los más de 50 años de defensa efectiva de los Derechos Humanos se ven ofuscados por argumentos –en gran medida- carentes de sustento jurídico y conocimiento técnico.

Que la Comisión tiene sede en un país que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que las medidas cautelares emitidas por este Organismo se han convertido en una suerte de cuarta instancia, que la Comisión amedrenta a los Gobiernos Progresistas, que la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión opera de manera parcializada, viciada e influenciada por poderes fácticos; que debemos re-estructurar el modelo de gestión de la Comisión; varías de las críticas formuladas en los últimos tiempos.

Ante estos ataques ni los ciudadanos ni el Gobierno Ecuatoriano han podido escuchar una voz técnica y especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que sostenga razones  y respuestas ante las críticas propuestas por los Gobiernos; en cierta medida las autoridades de la Comisión han guardado un peligroso silencio, una posición en cierta medida indiferente ante el nuevo escenario de dudas que atañe el hemisferio Americano. No hemos tenido oposiciones contundentes que muestren un poder de convencimiento interno en la CIDH, su discurso se ha limitado a fríos reportes y pronunciamientos tenues que no logran otorgar al ciudadano Americano respuestas contundentes, técnicas y fundamentadas ante las querellas opuestas por Gobiernos como el Ecuatoriano, el Venezolano o el Boliviano.

Entre las tensiones más prominentes del Gobierno con la Comisión, observamos la derivada de los reportes de la Relatoría sobre Libertad Expresión donde se sitúa al Ecuador como un país con graves problemas de respeto a esta libertad civil.  Es evidente que nuestro país vive una fisura entre los medios de comunicación privados y el Gobierno, un conflicto derivado de errores, excesos de parte y parte y del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mi parecer, ha jugado un errado papel de juez, mas no de interventor. No han existido espacios verdaderamente democráticos de diálogo entre el Gobierno Ecuatoriano y la Prensa Privada, no ha habido la voluntad política pero sobre todo no ha existido una tutela técnica para la fijación de un proceso de diálogo conciliatorio. De poco nos sirven los reportes alarmantes de la CIDH sobre Libertad de Expresión, si no existe la proposición de una línea de reconciliación y entendimiento entre las partes. A mi juicio la Comisión no debe limitarse a reportar y condenar, su deber primordial promover espacios de conciliación donde se originen procesos sostenidos de respeto a los Derechos Humanos.

Estamos a las puertas de que la CIDH elija un nuevo Relator Especial sobre Libertad de Expresión, dignidad que tendrá el trabajo más asiduo y problemático en toda la OEA, un puesto al que la coyuntura política ha convertido en una auténtica plataforma sobre la cual se relega la enorme responsabilidad de mantener vivo a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; un puesto que debe ser ocupado por un técnico sin rencores, sin prejuicios, una persona limpia y fresca que llegue a construir puentes, que llegue a instruir y generar espacios de diálogo.

El o la Relatora tienen la magnánima responsabilidad de mantener vigente el ejercicio pleno de la Libertad de Expresión en el hemisferio Americano, pero también tienen la carga de “re-legitimar” un Sistema últimamente cuestionado. Quien sea electo debe ser alguien con la capacidad de convencer, formar e inspirar; un jurista con profundo conocimiento de la Comisión, un profesor con el talante requerido para construir nexos entre el poder político, los ciudadanos y los medios. En tiempos donde nos enorgullecemos por la selección Ecuatoriana de fútbol y su rol en el Mundial, tenemos otra razón para sentirnos dichosos. Un profesor Universitario, cuya vida ha sido dedicada a la defensa de los Derechos Humanos desde la cátedra y el litigio hoy es candidato a Relator Especial sobre Libertad de Expresión. Juan Pablo Albán es un maestro que ha inspirado generaciones de abogados a observar el Derecho como una auténtica herramienta para defender la humanidad, para hacer realidad la transformación y salvación del mundo que tanto se promocionaba y soñaba cuando niños. Un Ecuatoriano que no solo cuenta con una hoja de vida envidiable como jurista especialista en Derechos Humanos, sino que posee ese extraño y privilegiado don  para inspirar.

No suelo usar este espacio para arremeter contra personas ni mucho menos para promocionarlas, observó el periodismo de opinión  como una actividad que debe centrarse en la construcción y deconstrucción de conceptos, proyectos e ideales más allá de personas, sin embargo en esta ocasión cedo ante  el deseo de que mis compatriotas sepan que tenemos un gran candidato, una gran esperanza para la subsistencia y mejoramiento de nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos; sin temor a equivocarme puedo afirmar  que Juan Pablo Albán tiene todo lo necesario para ser el puente requerido para consolidar los retos del Sistema;  más allá de su elección, ya sea desde Quito o Washington,  seguirá defendiendo la vida, la honra, la verdad, seguirá inspirando y comprobando la analogía  existente entre deseo de salvar el mundo y el reto de defender los Derechos de una persona, como salvar al mundo es, en esencia,  tutelar los Derechos de un individuo.